martes, 21 de febrero de 2012

EL CASO COLOMBIANO ANÁLISIS E IMPLICACIONES PARA EL TRABAJO SOCIAL



15 SEMINARIO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL
LA FORMULACION DE LA POLÍTICA DE MUJER RURAL

 EL CASO COLOMBIANO
ANÁLISIS E IMPLICACIONES PARA
EL TRABAJO SOCIAL

                                                               ROSA MARGARITA VARGAS DE ROA
                                                          DECANA DE TRABAJO SOCIAL
                                                    UNIVERSIDAD DE LA SALLE
                                        Bogotá – Colombia

Guatemala, Julio de 1995

1.        PRESENTACIÓN

Las políticas públicas son consideradas en forma genérica como las directrices para llegar a unos objetivos previamente establecidos. Constituyen un conjunto de respuestas que da el estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas.
Tradicionalmente la formulación de políticas ha recaído en expertos que recogen la información diagnóstica, la procesan, definen la población meta y situaciones deseadas; elaboran los documentos y los entregan a las instancias que le dan aprobación a nivel nacional, regional o local.
Este estilo cobra matices diferentes en el marco de la Constitución Política de Colombia del 91, que eleva la planeación a rango de norma superior, además de proclamar la descentralización, la regionalización y la participación ciudadana como principios fundamentales de la organización del Estado social de derecho.
En el caso específico de la política para el desarrollo de la mujer rural, se analizarán las condiciones que hicieron posible su formulación y se presentarán algunos esbozos del análisis de la misma.
Para el Trabajo Social, se precisarán los factores que – en el orden de la formación política, metodológica y técnica – se requieren en los distintos niveles que se relacionan con la participación del profesional en la formulación, gestión, análisis y evaluación de las políticas públicas.
Este replanteamiento de las funciones del trabajador social, en el marco de las políticas de desarrollo social, tiene que ver con las nuevas formas que asumen las demandas de la sociedad civil, en este caso las mujeres rurales, implicando para el Estado la disposición de programas diferenciados según los contextos territoriales, étnicos y culturales específicos.
Estos son parte de los desafíos que enfrenta el trabajador social y que debe abrir el camino para un nuevo posicionamiento de la profesión en el próximo siglo.
En la presente intervención trataré de plantear –a partir de una experiencia profesional- las implicaciones que tiene este nivel de gestión para la formación del trabajador social, para lo cual seguiré el siguiente orden: después de presentar el nuevo marco para el desarrollo social y la participación comunitaria, formularé las conceptualizaciones de Trabajo Social, políticas públicas, políticas de género y mujer rural. A continuación me detendré en la presentación de la política para el desarrollo de la Mujer Rural en Colombia.
Para terminar esbozaré algunas implicaciones que conlleva este proceso en la formación del trabajador social. Finalmente pondré a su consideración unas reflexiones sobre nuestro futuro profesional.
Esta oportunidad de compartir con mis colegas de América Latina me fortalece en la misión de convocar a los Trabajadores Sociales,  una nueva forma de hacer desarrollo, fortaleciendo la capacidad de la mujer rural para liderar la paz, la conservación del medio ambiente, la producción de alimentos y una vida digna y promisoria en el sector rural.



2.        EL NUEVO MARCO DEL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

2.1.               Estrategias actuales del desarrollo en América Latina
Los estudiosos han precisado para los últimos decenios, algunas situaciones que han permanecido o que se han generado como consecuencia de los modelos de desarrollo, estas son: la consolidación de los ámbitos urbanos y el detrimento de lo rural; el desempleo urbanop y crecimiento de la economía informal; la exclusión de sectores de la participación social y política; las grandes desigualdades en la distribución del ingreso; el crecimiento del Estado y su desarticulación, incompetencia y excesiva burocratización; la poca adecuación del desarrollo a los procesos culturales de los grupos; el surgimiento de distintos tipos de violencia y la incidencia de la escasa producción científica y tecnológica en el desarrollo. Todo ello unido a la poca confianza que el Estado brinda al ciudadano; la crisis de la justicia y la resolución de conflictos por la vía armada.
En este contexto se promueven como estrategias ineludibles la creación de un sistema de convivencia que permita compatibilizar y dinamizar el interés colectivo; implementar modelos de redistribución con crecimiento tratando de equilibrar los sectores sin asignar liderazgos; fomentando la participación, la descentralización, la planificación y la regionalización.
Frente a este contexto el modelo macro-económico predominan te pretende reducir las competencias y tamaño del Estado, para liberar la iniciativa y el poder del interés particular disminuyendo los subsidios y apoyos a grupos, sectores o regiones, fortaleciendo la globalización e internalización de la economía.
Esta conjunción entre la inclusión democrática y la exclusión por la competencia del modelo económico, debe estar soportado en sólidos procesos de organización y participación gremial, sectorial o regional que canalicen el conflicto y presenten propuestas creativas dentro del período de ajuste.
Sin embargo, todos los enfoques actuales establecen que el desarrollo consiste en ampliar las oportunidades de los individuos, lo cual comprende no sólo el acceso al ingreso y el empleo, si no a la educación, la salud y a un entorno geológico y ambiental seguros; a la participación comunitaria y al disfrute de los derechos sociales y políticos.
Ello dentro de la identificación de necesidades por género, para lograr la incorporación de las mujeres al proceso y alcanzar la equidad en el desarrollo.
Como se concibe hoy el desarrollo, existen dos condiciones fundamentales:
1)        Reconocer que la esencia de la sociedad no es la satisfacción de las necesidades de cada persona, sino el respeto del potencial, las posibilidades, las necesidades y los intereses de todos sus miembros. Este es el carácter sustentable.
2)        Acordar que las opciones de la generación actual no se deben mejorar en detrimento de las opciones de generaciones futuras. Este es el carácter sostenido del desarrollo.
En síntesis, las estrategias del nuevo modelo a construir serían:
-              Fomentar el desarrollo sostenido, estable y humanitario.
-              Reasignar recursos públicos hacia servicios sociales para permitir el acceso a los grupos pobres.
-              Fortalecer las relaciones democráticas y la participación ciudadana.
-              Centrar el desarrollo en las personas y considerarlo no sólo problema del Estado central sino de las instancias regionales y locales.
-              Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para gestar y concertar procesos a nivel local, regional y nacional.
-              Convocar a las organizaciones no gubernamentales que tengan ventajas sobre las gubernamentales.
-              Invertir en las personas para que liberen su iniciativa, afiancen su identidad y accedan a nuevos conocimientos y formas de organización.
-              Impedir la degradación ambiental a través de proyectos de desarrollo sustentable con tecnologías apropiadas.
-              Vincular al desarrollo a las minorías étnicas y a los grupos discriminados por género, situación política o territorial.
-              Estimular los derechos y las libertades democráticos y la prensa libre.
-              Invocar intereses comunes como atención y saneamiento básico, salud y educación o las comunidades pobres.
-              Contrarrestar los grupos de poder con el empoderamiento de base.
-              Buscar el consenso frente a metas de desarrollo humano.
2.2.               La participación comunitaria en la formulación de las políticas
La participación de la comunidad es una estrategia de desarrollo que implica una mejor distribución del pode y de los recursos dentro del concepto de democracia participativa. Para este tipo de democracia la comunidad organizada es cogestora del desarrollo.
La creación de grupos autónomos y autogestionarios, supone movilizar y organizar a la población de acuerdo con su experiencia histórica y su estructura de poder particular, donde la participación comunitaria se contextualiza en procesos concretos dentro de planes y programas de desarrollo sectorial –educación, salud, vivienda, desarrollo rural o territorial –regional, departamental, provincial o municipal.
La participación de la sociedad civil tiene una ventaja ético-política en cuanto legítima los procesos y hace partícipe a los grupos de las decisiones del Estado. En el orden técnico, promueve el conocimiento del entorno y la identificación de necesidades; compacta los esfuerzos comunitarios; desarrolla en la población habilidades políticas y pedagógicas y organiza el trabajo según los distintos niveles de investigación, gestión y evaluación. En el orden del desarrollo humano, da la posibilidad de descubrir y fortalecer potencialidades; genera relaciones armónicas y dialógicas y permite la equidad en la medida en que equilibra la contribución permanente e integral de cada individuo o grupo a la colectividad.
Reflexionando sobre las ideas precedentes es importante resaltar que sólo a partir de la participación comunitaria se podrá llegar a la formulación de estrategias de desarrollo que partan de los grupos en subculturas, etnias y condiciones territoriales específicas y tiendan a la preservación de la especie humana y al mejoramiento de las condiciones de vida, conservando los recursos naturales y fortaleciendo las capacidades autogestionarias de los actores.
-              Criterios generales de organización y participación comunitaria.
Para realizar procesos participativos que tengan sentido y pertinencia, propongo los siguientes criterios:
1)       Son las mujeres y hombres adultos, jóvenes y personas maduras los que mejor pueden identificar y juzgar los problemas de sus comunidades y las más idóneos para resolverlos. Este planeamiento excluye las posturas paternalistas, directivas y/o dominantes en el trabajo con la comunidad, que en el pasado hicieron presencia, desvirtuando la acción comunitaria y generando actitudes pasivas frente al desarrollo.
2)       I)Los agentes que promueven la comunidad deben dejar campo a un proceso centrado en fortalecer la autoestima de los miembros de la comunidad, reforzando sus valores, su capacidad de trabajo y de toma de decisiones, su solidaridad y su sentido práctico.
3)       Complementariamente, el desenvolvimiento de actitudes positivas –en relación con las actividades cotidianas- se transforma en elementos que generan autonomía, capacidad creativa, autrocrecimiento y responsabilidad y también un proceso de reconocimiento, valoración y proyección de su patrimonio cultural, político y socio-cultural.
4)       Así mismo, la participación y organización de la comunidad, es una forma de permitir que la gente organice, canalice y movilice sus energías y capacidades para mejorar su nivel de vida. Este proceso requiere motivación, respeto absoluto a la iniciativa popular y responsabilidad en la conducción.
5)       De otro lado, el papel de los profesionales del Estado y las organizaciones es el de colaborar, animar y apoya a las organizaciones de base para que las estrategias de sobrevivencia, pasen de ser experiencias individuales a experiencias colectivas, tratando de que los sectores populares asuman sus propia iniciativa.
6)       Finalmente, se propone la integración entre el conocimiento popular y el conocimiento científico como articulación necesaria, más no suficiente, para asumir la construcción de la comunidad como un proceso permanente, donde los resultados obtenidos nunca son concluyentes ni definitivos. Estos obedecen a coyunturas en contextos en permanente cambio y deben dar cuenta de las características y necesidades específicas de cada comunidad, para confrontarlos en forma permanente con los niveles macro.
-              La participación comunitaria como estrategia de desarrollo
Lograr que la participación comunitaria sea realmente una estrategia de desarrollo, implica un esfuerzo de pedagogía comunitaria orientado a:
. Reforzar los grupos locales, dando prioridad a la participación de mujeres y jóvenes.
. Potenciar la capacidad de los grupos para identificar y resolver problemas comunes.
. Rescatar las relaciones cotidianas de vecindad, colaboración y ayuda mutua, como principios de solidaridad y cooperación.
. Superar la incredulidad y apatía de las comunidades frente al Estado.
. Afianzar la descentralización municipal, promoviendo la participación comunitaria en los espacios de concertación con el Estado.
. Fortalecer las organizaciones de carácter veredal o municipal que representen intereses concretos y suministren al grupo servicios básicos.
. Formar cuadros de base que alimenten los procesos de desarrollo en articulación con las iniciativas municipales.
. Apoyar la contratación con organizaciones comunitarias y campesinas para la ejecución de proyectos locales.
. Impulsar las formas de control y veeduría de la comunidad sobre los proyectos, para racionalizar la inversión y ejercer una supervigilancia directa frente a los recursos del Estado o las ONGS.
. Rescatar las formas endógenas que asume la participación en cada municipio y dinamizar sus identidades culturales.
Todas estas suponen acciones de investigación, capacitación, orientación y fortalecimiento institucional, para apoyar con mayor eficiencia y eficacia los procesos del desarrollo que se proponen.

3.        ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES BASICAS
3.1.               Trabajo social
Es una profesión social que realiza estudios sistemáticos de situaciones específicas en grupos humanos, para ´royectar, orientar, coordinar, dirigir y evaluar procesos de cambio y/o de ajuste estructural en el marco del desarrollo social. Quienes tenemos la opción por la democracia participativa, como el mejor proyecto histórico para institucionalizar en América Latina, consideramos que los procesos de cambio pertinentes son los que conducen a un desarrollo social sustentable y sostenido históricamente en forma justa y equitativa.
El Trabajo Social, privilegia su actuar en los campo del desarrollo humano y la familia; la planeación y el desarrollo comunitario; y la gerencia y el bienestar social.
3.2.               Políticas Públicas
Son decisiones provenientes del sistema político que nos permiten observar al Estado en acción.
Las políticas públicas surgen generalmente de enfoques de desarrollo que las legitiman y las perfilan. Dentro de estos, el papel del estado y la concepción de lo social, cambian de significado y determinan los enfoques y estrategias de las políticas. Por ejemplo en el modelo neoliberal, el Estado tiende a no intervenir, dejando un campo mayor al juego de los intereses privados. Esta postura se traduce en políticas de marco global, de una gran flexibilidad en cuanto a su implementación, dando lugar a experiencias diferenciadas por regiones, donde factores como la capacidad técnica de los funcionarios; el aparato institucional público y privado; el movimiento organizativo de la base social y la situación socio-cultural –en relación a la condición y posición de la mujer- afectan la concepción y puesta en marcha de la política.
En términos contemporáneos se consideran tres fundamentales en la gestión de las políticas públicas: la formulación, la implementación y el seguimiento y la evaluación.
En la etapa de formulación, existen tres momentos esenciales: la predicción, la decisión y la acción.
Predicción: es concebir un futuro deseado como referencia hacia el cual tenderán todas las medidas administrativas y técnicas que se tomen. Describe los nuevos escenarios que se alcanzaría como fruto del cambio. Supone partir de un análisis de situación con participación de los actores para formular los objetivos y resultados sobre la población meta identificada.
Decisión: es un proceso que involucra la racionalidad y la voluntad. La primera hace relación a la disposición de la información, procedimientos, instancias organizativas de decisiones y/o personas que intervienen sobre materias generales o particulares. La voluntad, es el deseo expreso y manifiesto de asumir el carácter político de tales decisiones. Es convertir en mandato las “buenas intenciones” o el discurso, que muchas veces encuentra contradicciones dentro del mismo Estado. Debe acompañar la asignación de los recursos técnicos, administrativos y financieros apropiados en cantidad y cualidad.
Acción: la concreción de la política formulada en acciones es, por lo tanto, condición necesaria para su ejecución. Este elemento es el que da legitimidad total a la política pública en cuanto responde al “como” llevar a la práctica el conjunto de decisiones que el Estado ha definido para responder a la situación diagnosticada. Requiere de una definición minuciosa de las estrategias y metodologías, incluida la previsión de acciones interfases; las condiciones previas de despeje y el montaje de un sistema de seguimiento y evaluación.
3.3.               Las políticas de género
Haciendo una aproximación, diríamos que las políticas con perspectiva de género, suponen responder a necesidades de hombres y mujeres.
El concepto de género surge como una categoría analítica al considerar lo masculino y lo femenino en los ámbitos doméstico, productivo y comunitario. Se manifiesta en posiciones, actitudes, comportamientos o roles específicos construidos en procesos históricos socio-culturales.
En este enfoque se entiende el género en el contexto y desde el contexto, para designar las relaciones entre hombres y mujeres en los ámbitos de la subjetividad y de las múltiples relaciones del entorno.
En el marco de las políticas públicas –económicas y sociales- podríamos diferenciar:
-              Políticas dirigidas a satisfacer las necesidades prácticas de género, es decir incidir en las condiciones de vida de las mujeres.
-              Políticas dirigidas a satisfacer necesidades estratégicas de género orientadas a modificar la subordinación de género.
Las primeras, enfatizan en las relaciones deseables entre las necesidades de las mujeres y la oferta de servicios del Estado y/o las ONG, para responder a ellas con oportunidad y eficiencia.
Las segundas, apuntan a modificar las estructuras mentales y las prácticas sociales –de hombres y mujeres- en búsqueda de unas relaciones más equitativas dentro de un marco de desarrollo humano.
El énfasis en uno u otro tipo de políticos, se decide de acuerdo a las condiciones de desarrollo del problema; el marco institucional y el grado de conciencia o poder alcanzado por las mujeres. Sin embargo, en situaciones agudas de discriminación y pobreza, se requiere una combinación de los dos enfoques.
Las políticas sectoriales, debe estar orgánicamente vinculadas al desarrollo personal de la mujer conservando la integralidad del enfoque, en respuesta a la complejidad de sus necesidades. Sin querer ser exhaustiva, se proponen como mínimo las siguientes:
-              El aumento de la competitividad de la mujer en el ámbito productivo.
-              La apertura de oportunidades de acceso a servicios económicos y sociales, en igualdad de condiciones que el hombre.
-              El desarrollo de capacidades para participación y concertación a nivel de las organizaciones no gubernamentales y el Estado.
-              El incremento de servicios municipales a través de los mecanismos de descentralización, por ser este el espacio más cercano a las necesidades de las mujeres.
-              El apoyo a su desarrollo personal: salud, nutrición, educación, vivienda y saneamiento básico.
-              El fortalecimiento de sus organizaciones de base y de su capacidad d decisión y getsión.
-              El apoyo a su rol familiar, favoreciendo el trabajo doméstico y la crianza de los hijos.
3.4.               Mujer Rural
La categoría “mujer rural” se refiere a la mujer que habita en zonas rurales, independientemente de la actividad económica que desarrolle: productora agrícola, asalariada en actividades agropecuarias, agroindustriales de servicios, artesanales, mineras, comercio, etc.
La categoría “mujer campesina” se refiere a la población femenina que deriva su ingreso principal –monetario o en especie- de la explotación agropecuaria directa, ya sea en producción, comercialización o transformación, independiente de la posición del cónyugue respecto a los recursos productivos.
Existen diferencias de posición y condición de la mujer según el tipo de economía en la cual se ubique: atrasada o de infrasubsistencia, con escasos recursos para la producción y mayores índices de pobreza; las mujeres en economías campesinas de subsistencia, con técnica, servicios productivos y organización para la producción; las mujeres de economía campesina articulada al mercado, con buenas condiciones de competencia y necesidad de fortalecer la gestión empresarial y la organización para el mercado.

4.        LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER RURAL
4.1.               La formulación de la política
Correspondió a Colombia ser el primer país latinoamericano que formuló una política para la mujer campesina en 1984.
En 1992, el Gobierno solicita a la FAO una Misión para proponer un plan de acción para la mujer rural, que sirve de base para la formulación de la Política para el Desarrollo de la Mujer Rural aprobado por el CONPES[1] (1) en Enero de 1994.
Los aspectos metodológicos más importantes del proceso fueron:
A)       Análisis de contexto
Comprendió cinco grandes áreas:
-              Mujer y desarrollo rural (estadísticas disponibles)
-              El aparato estatal nacional, regional, departamental y local.
-              Políticas de desarrollo rural y de la mujer vigentes.
-              Respuesta y limitaciones estatales.
-              La participación de las mujeres organizadas.
En la configuración del diagnóstico, se efectúo un proceso de recolección, de discusión y verificación de la información. Se utilizaron como técnicas: El análisis documental, entrevistas y encuestas sobre información puntual.
El conjunto de esta información se procesó y se complementó con visitas de campo a departamentos, provincias y municipios.
B)       Selección del enfoque de género
A medida que se iba identificado al situación de la mujer y el marco de políticas anteriores, se fue precisando el enfoque de género en desarrollo. Con este se busca que las mujeres asuman su autodeterminción económica, social y política, a través de dos estrategias: la participación directa en las instancias de toma de decisiones sobre políticas públicas y promoviendo su acceso y control de los recursos productivos y su participación en los beneficios. Además este enfoque supera las concepciones anteriores involucrando lo social como componente esencial del desarrollo humano de las poblaciones rurales.
Así mismo, sugiere al Estado (central, departamental y local), [2]modificaciones en los procesos de planificación para acercar la oferta institucional a las necesidades de las mujeres y fortalecer la participación de las organizaciones en los espacios de concertación, en el marco de la descentralización.
C)      Definición de la población meta y los objetivos
La información recolectada y el enfoque definido, sirvieron de base para la definición de la orientación del plan.
El proceso se realizó una construcción interdisciplinaria que incluyó la valoración de lo propuesto como deseable a tres años de ejecución dentro de los lineamientos de desarrollo rural, modernización del sector y descentralización municipal.
La formulación se concertó con los directivos y técnicos de las entidades para desglosar metas y acciones.
La caracterización de la población meta, planteó grandes discusiones teóricas, metodológicas y de competencias institucionales entre mujer rural, campesina e indígena, que condujeron a seleccionar a la mujer rural como beneficiaria de la política.
D)      Estructuración del plan
Como resultado de las discusiones y diálogos se acordó que el documento tuviera cuatro partes: la primera relacionada con el diagnóstico de la mujer en la economía campesina; las políticas marco, su justificación y otros elementos de referencia de orden institucional y supragubernamental. Una segunda, en donde se formulan los objetivos, el enfoque, la estrategia general, la población objetivo y la direccionalidad del plan. La tercera, donde se precisan los niveles de intervención, los resultados esperados y lineamientos de oferta institucional, según áreas de intervención que constituye la parte operativa del plan. Y la cuarta, se refiere a la organización para la ejecución, sistema de seguimiento y evaluación, puesta en marcha del plan y cronograma de actividades.
El documento se complementa con un anexo en donde se describe el perfil de las entidades del sector agropecuario.
E)       Proceso de concertación del plan preliminar con el sector, especialistas y mujeres organizadas:
1)        Grupos Gerenciales del sector agropecuario.
Buscando obtener aportes a la propuesta preliminar se realizaron 13 talleres con la participación de directivos y técnicos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA); Fondo de Desarrollo Rural Integral (DRI); Caja de Crédito Agrario; Fondo de Inversión Agropecuaria (FINAGRO); Instituto Nacional de Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT, hoy INAT); Instituto de Recursos Naturales (IDERENA, hoy Ministerio del Medio Ambiente) y el Instituto de Reforma Agraria (INCORA), que hicieron sus adiciones o propusieron modificaciones al plan preliminar. En conjunto, se logró un consenso con el plan.
2)        Discusión con especialistas
En la fase de formulación del plan y en la búsqueda del consenso, se consideró importante discutir los aspectos centrales del documento con expertos en planeación para el desarrollo rural; investigadores sobre género especialistas en reestructuración institucional –en el contexto de la modernización y la apertura económica- en el sector agropecuario.
3)        Concertación con las organizaciones de mujeres
Se realizaron múltiples talleres con mujeres provenientes de todo el país. Además de presentar sus propuestas y recomendaciones, esta labor sirvió como espacio pedagógico de inducción y análisis sobre la nueva perspectiva de la política y su papel.
F)       Formulación del plan definitivo
En esta fase, se procedió a revisar y ajustar el documento para su presentación al Ministerio de Agricultura, el Jefe del Departamento Nacional de Planeación, la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia; y la Primera Dama de la Nación.
Con el fin de realizar el análisis y el ajuste del plan de las políticas macro, se conformó una comisión evaluadora.
4.2.               La institucionalización y puesta en marcha del plan
Una vez aprobado el plan, por el Ministerio de Agricultura, se pasó de la fase de diseño a su operacionalización.
Con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia de la Presidencia de la República, se configuraron dos convenios, con el apoyo técnico del IICA. Con estos recursos se constituyó el equipo con el que se dio inicio a la elaboración metodológica necesaria para la ejecución del plan.
A fin de legitimar las acciones al interior del Ministerio de Agricultura se institucionalizó la Secretaría Técnica de Mujer Rural, como instancia máxima de coordinación, dependiente del Viceministerio.
La Secretaría Técnica formuló cuatro estrategias básicas:
1)      La adecuación de las instituciones del sector agropecuario, para incorporar la perspectiva de género a los sistemas de planeación y operación. Ello implicó una modificación de sus procedimientos administrativos, planes de desarrollo y capacitación para los funcionarios.
2)      La asesoría a las entidades territoriales (departamentos y municipios) para que –sin perder su autonomía- generaran los mecanismos para incorporar el enfoque de género en sus planes, programas y proyectos de desarrollo, según sus competencias.
3)      El fortalecimiento de la capacidad de gestión y participación de las mujeres organizadas, en las instancias de toma de decisiones a nivel municipal, departamental y nacional.
4)      El diseño de materiales de divulgación, información y capacitación, orientados a funcionarios públicos, organismos no gubernamentales y a mujeres, para apoyar su participación como agentes del plan.
Estas estrategias, se acompañaron con un sistema de seguimiento y evaluación para el monitoreo de los avances regionales e institucionales y la evaluación del impacto de las acciones diseñadas.
El posicionamiento del plan al interior del ministerio, ha presentado cierta debilidad, debido a los cambios de funcionarios y la crisis del sector agropecuario, que ha significado fijar objetivos en otras áreas prioritarias. Sin embargo, el proceso de implementación en el Ministerio, ha significado la elaboración de las metodologías de trabajo de cada área; los mecanismos de coordinación al interior del Ministerio; y los procesos difusión y concertación para su puesta en marcha.
Obtenida la voluntad política para la formulación del documento CONPES, que se venía demandando desde las organizaciones de mujeres, el equipo apoya su estructuración en dos vías: afinamiento del diagnóstico y definición de las acciones de las instituciones adscritas o vinculadas al Ministerio.
El texto aprobado en Enero de 1994 busca, en su conjunto, el logro de mejores condiciones de vida de la mujer rural, reconociendo sus necesidades en el ejercicio de los roles doméstico, productivos y políticos y su aporte como agente del desarrollo integral desde su contexto particular.
La conceptualización básica se enmarca en los nuevos procesos de descentralización, la política de reactivación del sector y la necesaria convergencia entre el desarrollo rural y social de las comunidades.
A partir de la promulgación de la política, se articula y legitima el plan de acción y se sustentan las bases para su desenvolvimiento gradual.

4.3.               Algunos resultados de la política
A-       A nivel central
1)    El ajuste del plan d ejecución, a los requerimientos de las políticas del sector; a la política para la participación y equidad para la mujer; y al marco de planeación del sector agropecuario.
2)    La formulación de un diagnóstico sobre la situación de la mujer en el país, conformando una base datos, que se ha ido complementando con estudios puntuales desarrollados por el BID, el IICA, el PNR y algunas de las entidades del sector,
3)    La articulación de los objetivos y marcos institucionales con la reestructuración del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de algunas de las entidades del sector.
4)    La creación de la oficina de Mujer Rural en el MAG.
5)    La definición de marcos de coordinación intra e intersectorial de mujer rural, grupos focales y comités técnicos, etc.
6)    La redefinición del presupuesto propio para mujer rural que para 1995 es cuatro veces los ejecutado en 1994.
B-       A nivel de la áreas de intervención
1)       Nueve entidades del sector con planes de adecuación definidos y en proceso (ICA, CORPOICA, DRI, IDEMA, INAT, INCORA, INPA Instituto Nacional de Pesca, CAJA AGRARIA y FINAGRO).
2)       Procesos de identificación de la demanda y de adecuación de los sistemas de información en marcha.
3)       La adecuación de los sistemas de planeación, seguimiento y evaluación a través de un proceso de ajuste gradual donde se cruzan la modernización de las entidades, la democratización de los servicios y la descentralización de la planeación. En la actualidad, se está aplicando en las instituciones la ficha de recolección de información por proyecto, a excepción de la Caja Agraria y Finagro.
4)       La capacitación de funcionarios, ha logrado impactos positivos en la vinculación a la política; a sus estrategias; a dotarlos de elementos para adoptar nuevos comportamientos y a cambiar los sistemas y procedimientos institucionales. Se han capacitado 600 funcionarios, incluidos algunos del nivel regional.
5)       Diseño de materiales de comunicación, con perspectiva de género, a través del enfoque que informa sobre las experiencias y avances en cada entidad.
C-       En las gobernaciones y municipios
El apoyo a las administraciones departamentales, se ha centrado en las siguientes acciones y resultados:
1)      Priorización de departamentos por índices de participación de la mujer (empleo, ingreso, jefatura de hogar, trabajadores sin pago).
2)      Se ha iniciado un trabajo de adecuación de los sistemas de planeación con las Unidades Departamentales e Cofinanciación UDECO.
3)      Se han seleccionado acciones estratégicas para incluir en el plan de desarrollo programas específicos orientados a las mujeres.
4)      Inducción y capacitación a 300 funcionarios en 10 departamentos.
5)      Formulación de planes de acción departamental, para coordinar acciones integrales hacia la mujer y adecuar los sistemas.
El apoyo a los municipios se ha hecho utilizando estretegias que maximicen las acciones y han consistido en:
6)      Capacitación a coordinadores de UMATA, SINTAP, FONDO DRI.
7)      Reuniones con Alcaldes y Alcaldesas para difusión, envío de material gráfico y visual.
8)      Revisión de los programas agropecuarios municipales en algunos casos.
9)      Incentivos de diagnósticos veredales y municipales, con metodología participativa.
D-      En el fortalecimiento de la participación y la organización de las
mujeres rurales. En esta área se ha privilegiado el acompañamiento a la formulación de propuestas y concertación en los ámbitos departamentales y nacionales.
Por lo tanto se han adelantado las siguientes acciones:
1)        Conocimiento de la situación de la mujer rural en 10 departamentos, a partir de diagnósticos participativos.
2)        Caracterización de la organización de las organizaciones regionales y sus respectivos liderazgos.
3)        Elaboración del directorio de ONG’S por departamentos.
4)        Capacitación de 1000 mujeres en:
-              Fortalecimiento de la participación en los espacios de concertación.
-              Formulación y gestión de proyectos.
-              Democracia y convivencia ciudadana.
E-       En el montaje del sistema de seguimiento y evaluación. En esta área se han adelantado las siguientes acciones:
1)        Diseño de un sistema de información con perspectiva de género.
2)        Metodología para el seguimiento de la política.
3)        Seguimiento para actividades de capacitación.
F-       En el área de comunicaciones tenemos los siguientes logros:
1)        Material de divulgación (vídeo, afiches y documentos).
2)        Producción de material de información secuencial.
3)        Diseño y producción de material de capacitación, apoyado hoy por el convenio UNICEF-MAGDR.
G-      En proyectos productivos hemos hecho los siguientes avances:
1)        Identificación de la demanda y orientación institucional.
2)        Seguimiento y evaluación de proyectos demostrativos o en proceso.
3)        Diseño de planes de capacitación para la formulación de proyectos de cofinanciación local.
5.        IMPLICACIONES EN LA FORMACION PARA EL TRABAJADOR SOCIAL
Del análisis del proceso realizado, se infiere claramente la necesidad de una sólida formación secuencial que capacite para responder racional, eficaz y creativamente a los requerimentos –técnicos y políticos- que conlleva la formulación y puesta en marcha de una política pública en el área social. Algunos de estos requerimentos son:
1)    Comprensión de la realidad social, como una totalidad que se entrelaza en sistemas de relaciones diversas y complejas, que exigen ser abordadas y manejadas desde lógicas pertinentes.
2)    Capacidad de trabajar interdisciplinariamente, estableciendo diálogos creativos y productivos con otros saberes y disciplinas.
3)    Actitud y posibilidad de actuar e interactuar con diversos grupos en extracción y condiciones, que permitan una visión amplia de los procesos culturales y su potencialidad de transformación.
4)    Conocimiento analítico de la dinámica social, a fin de identificar las demandas de la sociedad civil y las respuestas que pueden constituir una política de estado, dentro del marco del desarrollo, sus competencias administrativas y viabilidad operativa.
5)    Compromiso con la misión, credibilidad en los actores y construcción de condiciones operativas, en marcos institucionales concretos.
6)    Capacidad propositiva para formular alternativas de desarrollo social equitativo, competitivo y sostenible, con criterios éticos de factibilidad técnica y de temporalidad.
7)    Condiciones de liderazgo dentro de los equipos técnicos y políticos.
8)    Capacidad de negociación y concertación con grupos, identificando sus intereses y potencialidades.
9)    Disciplina de estudio y aporte teórico, superando el activismo y el empirismo que ha caracterizado nuestra profesión.
10)                       Habilidad metodológica para el análisis de situaciones y su valoración estructural y coyuntural, para la disminución de la incertidumbre.

6.        A MODO DE CONCLUSION
El trabajador social debe ser ante todo un intelectual identificado y comprometido con los procesos de cambio y transformación social. Por lo tanto, debe ser capaz de comprender la complejidad de la sociedad contemporánea: el orden y el caos, lo teórico y lo práctico, lo macro y lo micro, lo coyuntural y lo estructural; lo teórico y lo metodológico; lo objetivo y lo subjetivo…
Como lo expresara Octavio Paz en el “Laberinto de la Soledad”, “el dualismo inherente a toda sociedad, y que toda sociedad aspira resolver transformándose en comunidad, se expresa en nuestro tiempo de muchas maneras: lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, lo ideal y lo real, lo racional y lo irracional, lo bello y lo feo, el sueño y la vigilia, los pobres y los ricos, los burgueses y los proletarios, la inocencia y la conciencia, la imaginación y el pensamiento…”
Los invito a que el entorno natural - humano y social – no nos sea extraño; y a que en el de nuestro continente rural, reconozcamos y potenciemos a la mujer.

MUCHAS GRACIAS


BIBLIOGRAFIA

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[1] Consejo Nacional de Política Económica y Social, conformado por los Ministros del Sector Social y Económico.