Nombre : Lucía Piccolis Díaz
Título del trabajo : El desalojo del Trabajo Social en el
modelo neoliberal en chileno
Eje temático :
Formación e identidad profesional y ética
Modalidad :
Mesa de trabajo
Institución :
Universidad del Mar
Procedencia :
Chile
EL DESALOJO DEL TRABAJO SOCIAL EN EL MODELO
NEOLIBERAL CHILENO
Desalojo,
acción autorizada legalmente realizada por los medios de seguridad públicos del
país en que se realiza; esto es lo que se le ha hecho al Trabajo social en el
marco del modelo neoliberal en Chile.
- Gobierno militar
en Chile
Son numerosos los cambios que se producen
en el país a partir del golpe de estado de septiembre ‘73. Sin duda, la
violación a los derechos humanos, es lo más conocido por el mundo entero, pero
no lo único.
Junto con la instalación del régimen de
facto, en el Chile de 1973, se cierran, en prácticamente todas las
universidades de la época, las carreras de Trabajo Social, Sociología y
Antropología. Esto por considerarlas altamente politizadas. Es así como algunos
referentes académicos partidarios del régimen militar señalaron que el problema
con estas disciplinas era cuando éstas se tornaban insolentes, es decir,
cuando adoptaban una postura crítica. A
los cuadros académicos y estudiantiles de estas carreras se les consideraba como agitadores
políticos y defensores de “la cuestión social” y en consecuencia, contrarios a
los intereses del régimen militar.
- El modelo
neoliberal
El modelo neoliberal en Chile, llegó de
la mano de un grupo de economistas denominados “los Chicago boys”, en alusión a
la Universidad
donde obtuvieron sus maestrías y doctorados. Con el beneplácito del
gobierno militar, las ideas y acciones
no se dejaron esperar, así el escenario propicio para entronizar las ideas del
neoliberalismo, fue precisamente el período correspondiente a la dictadura
militar. Sin embargo, muchos países de América Latina que adoptaron la
ideología neoliberal, posteriormente terminaron por aceptar sus falencias y
desistieron a tiempo de llevar a cabalidad las políticas de éste, implementando sólo algunas de sus
directrices.
Las circunstancias y condiciones
políticas del país propiciaron no sólo la mantención del modelo, sino que
además permitieron su profundización, haciendo partícipes involuntarios de ello, a los habitantes de la
nación. Producto de esta situación, se puede afirmar que Chile, dentro del
concierto latinoamericano, detenta el título de ser el país más radicalizado, en lo que al modelo neoliberal se refiere.
En este escenario, la pérdida del poder
del Estado para dar cumplimiento a los objetivos de carácter social que le
competen, fueron “olvidados” o pospuestos indefinidamente ya que el nuevo sistema económico no los
considera, debido a que no están contemplados dentro de su política.
En este contexto, el modelo económico, asume el control sobre las
estructuras que se articulan para elevar el crecimiento económico fundado en la
libertad, exhortando al individuo como actor principal en la producción de
bienes y servicios, desvalorizando el sistema tradicional de planificación del
gobierno y las tradicionales políticas públicas orientadas al logro del
bienestar social, en las que el Trabajo Social se erigía como el protagonista
por antonomasia en materia profesional, no en vano el rol más reconocido en la
profesión ha sido precisamente, el de Implementador de Políticas Sociales.
Los cambios propuestos, instaron al sector privado a
producir, otorgándole toda clase de beneficios. La participación de los
actores públicos se fue desperfilando
poco a poco, sin embargo el auge de la nueva economía, prometía resolver las
problemáticas sociales no resueltas en gobiernos anteriores y además corregir
las desviaciones que se pudieran originar producto de la implementación del
nuevo modelo de desarrollo.
En este sentido el Estado se constituyó como un ente
pasivo, dónde su función se redujo gradualmente, dando paso al mercado
para regular la actividad de casi todas
las áreas de la vida nacional. Esto llevó a la competencia desmedida entre las
empresas.
Consecuentemente con su concepción, el sistema
neoliberal no hace más que reforzar el rol del Estado como un mero espectador,
manteniendo fielmente la idea de que el mercado es el promotor exclusivo del
crecimiento económico y como consecuencia, del desarrollo social.
No existe, hoy
en día, un cuestionamiento económico a este contexto básico de reformas
estructurales, que en cifras da cuenta de un efectivo desarrollo económico en
el país. Pero hay críticas de diversa
índole respecto de las consecuencias sociales generadas por este
modelo.
Examinemos los efectos distributivos de una economía
de mercado. Para este propósito es
conveniente definir la pobreza y distribución del ingreso.
La pobreza es un concepto absoluto[1],
una familia es considerada pobre cuando no alcanza a satisfacer necesidades
básicas. Para la operacionalización de este concepto, se ha definido una canasta
básica de bienes y servicios que se ha valorado monetariamente. Esto define la "línea de la
pobreza". Las familias que tienen
un ingreso inferior a esta "línea de pobreza" se consideran pobres.
Por otra parte, la distribución del ingreso es un
concepto relativo; está orientado a examinar el nivel de desigualdad de
ingresos, o diferencia de ingresos existentes en la sociedad.
Chile es uno de los países que presenta una de las
peores y mayores desigualdades de ingresos en comparación con
América Latina e incluso el mundo. No obstante, aunque resulte paradojal
afirmarlo, durante la última década, el "modelo chileno" ha sido
considerado como un ejemplo a emular por
los países en desarrollo, particularmente, por los países latinoamericanos
Las cifras que dan cuenta de la distribución del
ingreso en Chile demuestran que ésta es reconocidamente mala. Al observar la
distribución del ingreso de 65 países en desarrollo, Chile ocupa el séptimo
lugar de los países con peor distribución del ingreso; en América Latina, sólo
Brasil nos supera. Chile tiene una
distribución del ingreso similar a la de Guatemala, Kenia y Sudáfrica (Banco Mundial, 1996).
Debemos considerar además del aspecto cuantitativo
de la distribución del ingreso, la gran relevancia que tiene el aspecto
cualitativo. Las enormes diferencias de
calidad en salud, educación, vivienda,
justicia y previsión social contribuyen a la percepción global de existencia de
un aumento en las desigualdades sociales. En el caso chileno, un niño que
ingresa a un colegio público o a uno privado, obtiene una calidad de educación
muy diferente, de esto dan cuenta los procesos evaluativos a que están
sometidos los estudiantes y establecimientos educacionales anualmente, como el Sistema de
Medición de la Calidad
de la Educación
(SIMCE) para enseñanza básica y la
Prueba de Selección Universitaria (PSU) para enseñanza media.
Una familia
chilena está dispuesta a gastar 5
a 6 veces más en educación y en salud, en vez de utilizar
los servicios proporcionados gratuitamente por el sector público porque,
obviamente, cuando se puede, se “invierte” en calidad.
La
focalización constituye una propuesta a
incrementar la eficiencia del Estado en la solución de los problemas sociales.
Se requiere claridad respecto del grupo objetivo y cómo llegar a éste. Esto permitiría eliminar los desvíos
hacia otros grupos.
Para aplicar
políticas de focalización, los grupos objetivos tienen que tener una
caracterización simple, como adultos
mayores pobres (mayores de 65 años y con pensiones mínimas legales vigentes o
menos), niños desnutridos, víctimas de VIF, etc.
El Estado
chileno, ha generado una frágil red social para atender la legítima demanda de
la población más pobre en relación con el aumento del bienestar social,
sustituyendo su función de productor de bienes públicos para el bienestar
social por la función de regulador; como ha sucedido en el caso de la
educación, con la presencia de colegios y universidades privadas o a través de seguros
obligatorios para cubrir contingencias sociales como la invalidez, muerte o
vejez, la que se hace mediante la cotización obligatoria en entes privados
creados especialmente para ello como las AFP (Administradoras de Fondos
Previsionales), en los cuales el trabajador no tiene ninguna participación,
como no sea la de cotizar mensualmente.
Lo paradójico
de este sistema, radica en que las personas más pobres y de alto riesgo son las
que están económicamente menos capacitadas para financiar dichos seguros.
En todo este
parafernálico sistema, en la década del 80, se vuelven a abrir las escuelas de
Trabajo Social, esta vez al amparo de la nueva Ley LOCE (Ley Orgánica
constitucional de Educación), la misma que permite la creación de
universidades, institutos profesionales y
colegios privados. A partir de su promulgación, el mercado se inunda con
instituciones de educación superior, las que a su vez, ofrecen carreras
profesionales con bajo costo de operación, las que se conocen como carreras de
“pizarrón y tiza”, ya que no requieren de mayor inversión en sus aulas para
formar profesionales. Se produce un “boom” de ofertas en carreras como
Psicología, Derecho, Ingeniería Comercial, Periodismo y Trabajo Social, entre otras.
Como era de
esperarse, los profesionales egresados superan con creces, la demanda que de
ellos tiene el mercado. La situación se hace insostenible, en tanto existe un
Estado reducido en sus funciones al mínimo histórico que, si bien genera
políticas públicas, no crea las estructuras para implementarlas. Así, se da comienzo a la ejecución de planes,
programas y proyectos, vía licitación, es decir se ofrecen a las incipientes
mini empresas, conformadas por profesionales asociados para estos efectos, los
servicios que, tradicionalmente, estuvieron en manos de organismos estatales
para que ejecuten, con eficiencia y eficacia, servicios solicitados por la
comunidad, al más bajo costo. Ahora el
rol del estado se limita a ofrecer subsidios y designar a los entes
fiscalizadores.
3.
El
desalojo del trabajo Social
El Modelo
neoliberal, rediseña la participación de los Trabajadores Sociales en el
escenario de las políticas públicas.
El Estado mantiene
una porción de Trabajadores Sociales como trabajadores a su cargo y gran parte
de ellos con contrato a plazo fijo y a
honorarios. Esta situación se ve agravada por la politización que se hace de
estos trabajadores, en tanto cada municipio y sus respectivas corporaciones[2]
contratan personal que sea proclive al Alcalde de turno. Lo mismo ocurre con
las direcciones regionales de cada ministerio o servicio público.
En este contexto, el
Trabajo Social ha sido “desalojado” del
ámbito en donde se desempeñó desde su creación como profesión, es decir, desde
el Estado y al servicio del bienestar de la población, para transformarse en un
empresario que debe desenvolverse en un medio altamente inestable, el que
dependerá de si gana o pierde una licitación para implementar servicios
sociales. A esto debemos sumar el hecho
que al no existir dependencia de un empleador, sea el propio trabajador el que
tenga que generar los recursos para obtener prestaciones de la seguridad
social.
Un ejemplo concreto
de este fenómeno, lo constituye la atención a niños/as víctimas de abuso (en
cualquiera de sus formas). El Estado genera una política social de prevención,
una de protección y otra de rehabilitación. Todas ellas se licitarán por
separado, se les asignará un presupuesto y las ejecutarán entidades privadas
que consideren atractivos los recursos financieros disponibles para su
ejecución, y serán fiscalizadas por un
organismo estatal. A todas luces, estos procedimientos generan gran
descoordinación y, en muchos casos, duplicidad de intervenciones, por tanto si
lo que se pretende es ahorrar recursos, esto no se logra.
Desalojados del rol
tradicional, de los espacios históricos de desempeño profesional y de la
estabilidad laboral, los Trabajadores Sociales se ven obligados a
“reformatearse” constantemente. Dicho esto, nos enfrentamos al rediseño profesional, dónde éstos, ahora deben tener un nuevo perfil porque, en este
nuevo escenario, se requiere: i) dominar el arte de competir, de proveerse de
los contactos necesarios para no romper la cadena de postulaciones a nuevos
proyectos que le permitan seguir insertos en el mundo laboral; ii) lidiar con
funcionarios estatales que aún sin tener las competencias técnicas, están
autorizados para tomar decisiones que en el pasado eran de completa competencia
del Trabajo Social. Iii) también, desarrollar
la capacidad, destreza y habilidad de conseguir “padrinos” que avalen su
capacidad profesional ante las organizaciones que ofertan los proyectos a ser
licitados. Aunque pueda aparecer como disonante, es la habilidad de moverse
entre lo legal y lo corrupto del sistema.
Lo anterior, atenta
contra la especialización profesional, convierte al Trabajador Social en un trabajador polifuncional, asunto que no se
conjuga con dar servicios sociales de calidad que debe entregar, en tanto la
racionalidad económica sigue siendo la premisa que se debe cumplir.
Un Trabajador Social
en Chile, hoy por hoy, cae en lo que se ha denominado “management” , es decir
un gerente, administrador o gestionador, que despliega su accionar
especialmente en el campo de la administración. El resultado de estas singularidades
radica en que, finalmente, ejecutar los proyectos en los tiempos previstos, a
bajo costo y salir “airosos” de las fiscalizaciones, es más importante
que resolver los problemas que dan lugar a la intervención.
La diferencia sustancial entre Servicios Sociales y
Sistema del Trabajo Social es:
v
Los
servicios sociales precisan para su organización, dirección y administración,
de la categorización y delimitación de las necesidades de los sujetos
potenciales y reales, y de
preestablecer las respuestas para cada categoría o clase de necesidad.
Desarrolla programas y/o proyectos que a su vez se mantienen dentro de los
limites y necesidades de la propia organización.
v
El Trabajo
social, en cambio, entiende las
necesidades como históricas, colectivas e individuales, únicas, y de cada quien
y en directa relación con la capacidad de reconocerlas y nombrarlas por
parte de quienes las padecen.
A modo de conclusión, los trabajadores sociales no deberían
trabajar con necesidades preestablecidas, sino que, a contrario sensu,
su accionar, dentro de un paradigma sistémico, holístico e innovador debe
orientarse a procurar que tales
necesidades sean nombradas y analizadas por los propios sujetos,
potenciando nuevas formas de encararlas y satisfacerlas.
A todas luces, esto resulta
inviable en este nuevo orden: el modelo
neoliberal.
v
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Godoy, Hernán.
(1971), Estructura social de Chile,
Santiago. Editorial Universitaria.
Lucita, E. Apuntes
sobre la precarización del trabajo y de la vida. En http://www.aporrealos.org/trabajadores
Meller, P.
(2000) . El Modelo Económico y la Cuestión Social. Serie Estudios Socio/Económicos Nº 1. Santiago.
Universidad de Chile.
Procacci,
G. (1999). Ciudadanos Pobres. La
ciudadanía social y la crisis de los Estados de Bienestar, en García,
Soledad y Lukes, Steven, Ciudadanía: justicia social, identidad y
participación. Madrid. Siglo XXI
Santa Cruz,
Lucía. (1999), Reflexiones en torno a la desigualdad en Chile, en
revista Perspectivas, vol. 2. Santiago.
Universidad de Chile.
Servicio Nacional de la Mujer (1998). Hombres y
mujeres pobres en Chile. Desigualdades en cifras. Santiago. Mercado Negro.
[1] Para mayor detalle de esta tipificación, ver Patricio Meller, “El modelo económico y la cuestión social”
[2]
Estas son entidades de derecho privado creadas para descentralizar la
administración de los recursos asignados por el Estado a cada comuna, bajo las
directrices emanadas del gobierno central.
