TITULO:EL CASO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
EJE TEMÁTICO: POBREZA Y DESARROLLO
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN MESA PANEL
INSTITUCIÓN: CENTRO INTEGRADOS COMUNITARIO (SAN ANTONIO DE LOS COBRES SALTA) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION ARGENTINA
El caso de las Cooperativas de Trabajo de San Antonio de los Cobres
“Nuestra lucha es por el respeto a
nuestro derecho a gobernar y gobernarnos,
y
el mal gobierno impone a los más la ley de los menos.
Nuestra lucha es por la libertad para el
pensamiento y el caminar,
y el mal gobierno pone cárceles y
tumbas.
Nuestra lucha es por la justicia,
y el mal gobierno se llena de criminales
y asesinos,
techo, tierra, trabajo, pan, salud y
educación.
Independencia, democracia, libertad.
Estas fueron nuestras demandas en la
larga noche de los 500 años,
estas son hoy nuestras exigencias.
Hermanos y hermanas de otras razas y
otras lenguas,
aquel a cuya mano se acerque este manifiesto,
que lo haga pasar a todos los hombres y
mujeres de esos pueblos.”
Sub-comandante Marcos
Enmarcado
dentro del Plan de Desarrollo local y Economía Social "Manos a la
Obra" del Ministerios de Desarrollo Social de la Nación (Argentina –
2006), encontramos las cooperativas de trabajo conformadas para la construcción
de los CICs. En este caso, se tomará para el análisis, las cooperativas que se
encuentran construyendo el CIC de San Antonio de los Cobres, Provincia de
Salta, en relación a los objetivos del Plan, las conceptualizaciones en torno a
las “nuevas políticas sociales” -cuyos principios fundamentales son: articulación (interjurisdiccional,
interinstitucional, interactoral), integralidad
(apuntando al conjunto de los aspectos que atañen la vida de las personas), territorialidad, identidad, participación,
protagonismo, construcción “de abajo hacia arriba”- y los principios y
valores cooperativos. Las categorías sociales utilizadas para el análisis son:
Estado, Sociedad Civil, Desarrollo local, Comunidad, Organizaciones sociales,
nivel de compromiso político, Territorio, Identidades, mercado. La Localidad de
San Antonio de los Cobres, Departamento Los Andes, se encuentra en la región
puneña de Salta, a 4.000 mts. de altura, a 170 Km. de la ciudad de Salta por
camino de altura y con tramos en malas condiciones y presenta muy bajas
temperaturas y fuertes vientos. El material de la práctica que posibilita este
análisis son las crónicas de entrevistas y reuniones realizadas durante el
trabajo con las cooperativas, con responsables de Programas Provinciales y
Nacionales (Programa Provincial de Acción Cooperativa y PYMES y referente
territorial del Registro de Efectores) y con autoridades municipales. El tipo
de cooperativas conformadas en este caso, son de trabajo y están compuestas por
beneficiarios del PJJHD y desocupados.
El Plan “Manos a la
obra” (desarrollo local y economía social), según su letra, se propone mejorar
la calidad de vida de las familias y generar condiciones contextuales que
permitan avanzar hacia el logro de un desarrollo social y económicamente
sustentable, busca promover la inclusión
social a través de la generación de empleo y de la participación en espacios
comunitarios utilizando los recursos humanos, naturales, culturales y
económicos que se encuentren instalados en la comunidad en un marco de equidad
y participación social.
Como objetivos se
promueven:
§
Contribuir
a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social
en todo el país.
§
Promover
el sector de la economía social o solidaria mediante el apoyo técnico y
financiero a emprendimientos productivos de inclusión social generados en el
marco de procesos de desarrollo local.
§
Fortalecer
a organizaciones públicas y privadas, así como espacios asociativos y redes
para mejorar los procesos de desarrollo local e incrementar el capital social a
nivel local, y generar mayores capacidades y opciones a las personas
promoviendo la descentralización con la participación de los actores locales.
El Plan se constituye
como un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local
destinado particularmente a los sectores de bajos recursos.
A partir de la
implementación del mismo se brindará:
·
Apoyo
al ingreso de las familias en situación de pobreza, asegurando un ingreso y
promoviendo la inclusión social a través de la participación en proyectos
productivos locales y de acciones dirigidas a desarrollar capacidades para el
trabajo.
·
Se
prevé la incorporación de beneficiarios de programas de ingreso a
emprendimientos productivos. Para ellos se está trabajando en forma articulada
con el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el Programa Familias por la Inclusión
Social y el Programa de Empleo Comunitario (PEC).
·
Fortalecimiento
de Espacios Asociativos locales e interinstitucionales con el objetivo de
ampliar su capacidad de intervención en el abordaje de las políticas sociales
desde la perspectiva del desarrollo local.
Sus componentes son:
§
Apoyo
económico y financiero. Este se orienta a: emprendimientos productivos
(unipersonales o familiares, autoconsumo y asociativos comerciales), cadenas
productivas (articulación de unidades productivas), servicios a la producción
(calidad, comercialización, reducción de costos y nuevas tecnologías) y fondos
solidarios para el desarrollo.
§
Fortalecimiento
institucional. Este componente propicia el apoyo a la consolidación de los
Consejos Consultivos como espacio institucional constituidos por actores
sociales y económicos relevantes según el entramado de cada territorio, la
capacitación de los equipos municipales de gestión socioproductiva local y el
intercambio institucional y académico.
§
Asistencia
técnica y capacitación. Aportar a la superación de las dificultades de los
distintos proyectos en relación al sostenimiento y organización de la actividad
productiva.
Según el
discurso de las "nuevas políticas sociales", se trata de recuperar la
presencia del Estado en su papel de garante del cumplimiento de los derechos
humanos y sociales del conjunto de la sociedad a partir de un rol activo y que
considere a la sociedad civil como protagonista de su proceso de promoción y no
como beneficiaria pasiva de políticas sociales clientelistas y
asistencialistas. Para esto es necesario que se considere la participación de
los distintos actores de la sociedad civil en la planificación y gestión de las
políticas sociales. No pueden perdurar ya, programas estructurados de antemano
que "de manera más o menos parecida" da soluciones a situaciones
"más o menos parecidas". Hay que darle voz y poder de decisión a los
sujetos, individuales y/o colectivos, de las distintas comunidades, que tienen
mucho para decir a cerca de sus
problemas y las soluciones viables y/o deseables que pueden y quieren llevar
adelante desde sus características territoriales e identitarias.
Nun dice
que "los derechos de ciudadanía son deberes que el Estado asume frente a
los miembros de la sociedad". Todas las personas tienen derecho a
desarrollarse en condiciones dignas de vida. Es el trabajo "decente"
lo que nos constituye en personas dignas, siendo la principal forma de
afiliación a la sociedad, de asignación de representaciones identitarias y,
así, de reconocimiento social. Son estas concepciones las que guían el Plan "Manos
a la Obra", el cual se plantea como forma de recuperar la cultura del
trabajo y apoyar el desarrollo local; potenciando las capacidades de las
personas, los recursos territoriales y produciendo un corrimiento del eje de la
mera asistencia al eje de la asistencia más promoción.
La
conformación de las cooperativas, apunta precisamente a esto: "la cultura
del trabajo solo se adquiere trabajando" (De Lorenzo. Revista Lo social.)
y además, que sea en forma cooperativa, apunta a la reconstrucción de la
solidaridad y la ayuda mutua, en oposición a los valores impuestos por la
lógica del mercado del individualismo y "el sálvese quién pueda"
(mercado cuyo objetivo no es la reproducción de la vida de las personas sino la
acumulación de capital).
Las
acciones del Estado (sus políticas sociales (PP.SS.)) construyen identidades,
formas de relacionamiento social y posicionamientos subjetivos, si las PP.SS.
tienden a establecer condiciones que posibiliten el trabajo, como lo es el
proyecto de conformación de cooperativas, se propiciarán así, identidades
ligadas al "ser trabajador".
A partir
de la conformación de cooperativas y el incentivo para el inicio de una
actividad (otorgamiento de una obra, en este caso un módulo del CIC), el Estado
se articula con al sociedad civil a partir de PP.SS. que devuelven al trabajo
su función de integrador social. Esto pretende hacerlo desde las realidades
territoriales, a partir de sus recursos disponibles, cultura y tradiciones en
pos del desarrollo local del conjunto de la comunidad.
Esto
marca una diferencia tajante con las PP.SS. neoliberales, que al decir de L.
Andrenacci "se fragmentan en intervenciones territoriales singulares, se
focaliza en la pobreza y la marginalidad, se especializa en la atención a
sujetos y familias en los límites de la supervivencia física, contribuyendo
técnicamente a acentuar la segmentación." El modelo neoliberal y sus
PP.SS. han ido en dirección de la destrucción de la cultura del trabajo (solo
medidas compensatorias ínfimas para los excluidos sin generación de empleo para
el conjunto social) y del posicionamiento de los sujetos como
"asistidos", "beneficiarios pasivos",
"excluidos". Una PP.SS. que apunte a la reconstrucción del trabajo
como integrador social, da cuenta de
cierta intención de modificar las formas de relacionamiento social típicas del
neoliberalismo.
El Plan
prevé apoyo técnico, financiero y capacitación a emprendimientos productivos
nacidos en el seno de las distintas comunidades, con sus características
particulares. De esta manera, la noción de territorio se constituye en una
categoría socio-política en el sentido de la equidad territorial y de las
particularidades sociales, culturales, políticas, económicas e identitarias de
cada territorio.
La
sociedad civil es portadora de intereses, expresados en sus organizaciones
sociales (en algunos casos, ya que muchas veces no llegan a constituirse en
organizaciones), los cuales el Estado no puede ignorar. De aquí que este Plan
(acción estatal plasmada en PP.SS.) no impone qué y cómo deben "hacer"
los sectores de bajos recursos, sino que propone su participación activa en la
definición de proyectos productivos.
Es en
este punto donde estas cooperativas encuentran una limitación, contradicción.
En la práctica, las cooperativas de San Antonio de los Cobres han sido
conformadas de modo compulsivo, por presión del gobierno municipal:
"estábamos con el plan comunitario o
contratados por la municipalidad y nos obligaron a pasar a la cooperativa,
salimos en apuro" (Jorge, crónica
de reunión, 29/03/06).
De los/as
asociados/as que figuran en el Acta Constitutiva solo quedan cuatro (4), muchos
nunca tomaron su puesto de trabajo y los que actualmente están trabajando
fueron incorporados por el municipio. No se han cumplido los mecanismos
establecidos por la ley de cooperativas: los que no están no han presentado sus
renuncias y los ingresantes no presentaron sus solicitudes de ingreso ni se
realizaron las actas del Consejo de Administración aceptando dichas solicitudes
(Fuente: Acta constitutiva, Libro de Consejo de Administración, Libro de
Asociados).
No han
recibido capacitación en los principios cooperativos ni en el manejo
administrativo. Esta situación fue corroborada también, a través del Programa Provincial de
Cooperativas y PYMES:
“Una vez
armadas las cooperativas, el municipio solicitó capacitación, funcionarios de
Nación certificaron la constitución sin el consentimiento explícito de los
asociados”;
“La propuesta de Nación es muy buena pero, lamentablemente,
su implementación fue un desastre”;
“Nosotros como programa tenemos la obligación de brindar
capacitación, pero como a la provincia no le interesan estas cooperativas , no
se autoriza la capacitación, pero igual pueden solicitarla, no hay peor gestión
que la que no se hace” (Registro
entrevista Programa de Cooperativas y PYMES).
A partir del trabajo
realizado desde el CIC (Centro Integrador comunitario) con el grupo de las
cooperativas, sus miembros decidieron mandar una nota solicitando la
capacitación al programa y no obtuvieron, hasta la fecha, ninguna respuesta.
Desconocen a cerca del sistema cooperativo y funcionan como
empleados municipales:
"no están claras las reglas, nos pagan
todos los meses en la municipalidad, nosotros no manejamos dinero" (Calpanchay, crónica de reunión, 29/03/06).
Reciben
el dinero a modo de sueldo y en la proporción establecida como si fueran 16
asociados.
Para la conformación
y posterior funcionamiento no se han seguido los principios cooperativos:
La Alianza
Cooperativa Internacional define a un Cooperativa como: “Una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente
para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y
democráticamente controlada”
En esta definición se toman los
siete principios cooperativos establecidos y desarrollados por los creadores y
seguidores de este sistema:
1.
Membresía
abierta y voluntaria.
2.
Control
Democrático de los miembros
3.
Participación
económica de los miembros
4.
Autonomía
e Independencia
5.
Educación,
entrenamiento e información
6.
Cooperación
entre cooperativas
7.
Compromiso
con la comunidad
En
síntesis, tenemos, siguiendo los principios cooperativos: 1. conformación
compulsiva, 2. control municipal, 3. irregularidades en el estatuto de los
miembros y por lo tanto es irregular la participación económica, ya que además
no tienen el control de este aspecto, 4. no poseen las herramientas ni capital
social suficiente para ejercerla, 5. nunca han recibido capacitación ni
información (se está trabajando sobre esto), 6. y 7. al no estar constituidas
aún como reales cooperativas, no es posible el desarrollo de estos dos últimos
principios.
En estas
condiciones se dificulta el desarrollo de procesos que tiendan a su autonomía y
no están participando de forma protagónica en la planificación y puesta en
marcha de las PP.SS. que los está teniendo como objeto. Esto va en sentido
contrario a los postulados de la "nueva política social". La
limitación, entonces, estaría dada en este caso y en un nivel mucho menos
inmediato, por las relaciones de patronazgo y casi coloniales presentes en la
estructura social del lugar y que se cristalizan en el poder político de turno.
A esto se le suma una tradición asistencialista y clientelista sumamente
arraigada.
La "nueva
política social" tiene por objetivo, a diferencia de las políticas
sociales neoliberales que tenían como objetivo la atención exclusiva de la
"población excluida", la de asegurar la integración de los sectores
vulnerables a la sociedad. Esto lo vemos concretizado en el proyecto de
conformación de las cooperativas, que refleja una ética práctica "donde el
empleo resulta ser el mejor integrador social" (2° apunte del módulo de
PP.SS., pág. 4). Con este proyecto, se ve al Estado cumpliendo su rol de manera
activa e intentando demostrar su compromiso político con el desarrollo de los
grupos y zonas más desfavorecidas a partir del trabajo colectivo: permite que
los desocupados se junten en torno a un proyecto común, que lo hagan a partir
de la solidaridad, la democracia y la ayuda mutua (valores cooperativos) y los
apuntala dándoles inicialmente una obra para que vayan fortaleciéndose e ir en
camino de su autonomía. Esto resulta contradicho por la remuneración que
reciben estos trabajadores por su trabajo, el cual les implica entre 8 y 12
horas diarias. El pago es de $400 al mes, lo que podríamos calificar de “mano
de obra barata del Estado”. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los
partícipes en el proyecto expresan:
“queremos seguir siendo cooperativa pero
teniendo más independencia” (asociado, registro de entrevista 07/06/06)
"Estado,
derechos y sociedad civil son realidades que no deberían pensarse aisladamente
unas de otras, sino más bien en su permanente retroalimentación. Asimismo, es
necesario vincularlas con lo que podríamos llamarlas "partes activas"
que les dan sentido concreto y por las cuales se manifiestan: políticas
públicas, ciudadanía, grupos sociales." (módulo de Políticas Sociales,
pág. 12). En el caso que nos ocupa tenemos, como partes activas, que la
política social es la de generar las condiciones de accesibilidad al empleo; en
cuanto al ejercicio de ciudadanía, es un largo camino a recorrer, y aquí se
evidencia esto de "procesos de construcción social en permanente retroalimentación",
la integración social por medio del trabajo va en camino de favorecer que los
sujetos se posicionen como ciudadanos.
Una
dirección política determinada hará que las identidades ciudadanas aparezcan
como "ausentes/invisibles o presentes/visibles" (módulo de política
social) (y toda la gama posible entre uno y otro estado de acuerdo al momento
histórico del cual se trate). Las cooperativas podrán constituirse como grupo
social en la medida también que cada uno de sus integrantes acreciente su
compromiso con su propio proceso de promoción social.
Las
políticas sociales son un modo de articulación entre Estado y sociedad civil.
En este caso, se encuentra un Estado con intención de mantenerse
"presente" en cuanto a su responsabilidad por medio de una política
social que corre el posicionamiento de los sujetos del lugar del beneficiario
pasivo y excluido socialmente, hacia el de sujetos protagonistas de su acción
para la integración social. En esta línea Daniel Arroyo dice, a cerca de
distintas experiencias involucradas en el Plan "Manos a la Obra",:
"[estas experiencias facilitan] la autonomía de las personas y
[constituyen] lazos de solidaridad y cooperación. Esto contribuye, a su vez, a
generar ciudadanía en las personas involucradas, no solamente como un instrumento
de reducción de la pobreza; sino también como un espacio generador de inclusión
social a través del trabajo".
De
acuerdo con José Luis Coraggio, la situación actual exige políticas
socioeconómicas. En el Documento institucional del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación "Experiencias socioproductivas del Plan Nacional Manos
a la obra. 2005" dice: "es necesario instalar en la agenda pública
[un] abordaje que vincule lo social y lo económico incorporando a todos los
actores de tipo público y privado." En este sentido, el proyecto de la
cooperativa se inserta en este punto desde la categoría "trabajo". El
desafío será las formas en que éstas puedan vincularse con otros actores, no
solo con el Estado, sino con actores del sector privado, para dar continuidad
al proceso iniciado.
La
conformación de las cooperativas muestran que la acción del Estado va en la
línea de generar condiciones para la inclusión social por medio del trabajo,
dicha acción se realiza del lado de los sectores populares que se encuentran en
dificultades para la reproducción de su propia vida. Pero, ¿cuáles serán las
condiciones para la continuidad de este tipo de proyectos en el marco de las
relaciones capitalistas de producción? "Las políticas de desarrollo local
suponen la implementación previa de políticas ligadas a la promoción social y
al desarrollo productivo, así como también un entramado institucional y de
actores locales que incorpore al sector privado (comerciantes, pequeñas
empresas, cámaras y asociaciones empresariales y de productores) así como a la
sociedad civil." (Documento institucional del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación "Experiencias socioproductivas del Plan Nacional Manos
a la obra. 2005". pág. 13), de esta cita surge el interrogante de cuáles
serán las acciones de los gobiernos (nacional, provincial, municipal) en
relación con el sector productivo privado para que se realice un real
desarrollo productivo que habilite a la incorporación económica de las
cooperativas de trabajo. La acción no debe apuntar solo a los sectores
populares desafiliados, sino también a las relaciones de producción mismas para
que la inclusión sea posible.
Esta es
otra limitación que se encuentra en este proyecto, su futura inserción en el
mercado en forma autónoma. Por un lado, por la labilidad con que estas
cooperativas se han conformado (desde el CIC se viene trabajando en su
fortalecimiento y capacitación), y por otro, porque el mercado está regido por
las leyes del sistema capitalista, donde se dan condiciones de favorabilidad a
las grandes empresas y de desfavorabilidad a los pequeños grupos autónomos.
Para que las cooperativas se mantengan en un lugar de inclusión es necesario
que el Estado facilite algunas condiciones materiales. Una acción positiva a su
vinculación a la economía formal es la creación del Registro de efectores de
desarrollo local y la economía social: "Entre los beneficios más
importantes que recibe el sujeto, es la incorporación a un régimen de
Monotributo social, lo que significa vincularlo positivamente a la economía
formal promoviendo su integración socioeconómica. Esta integración también se
realiza en el ámbito previsional, ya que se considera como trabajado el período
de permanencia en el registro. También, este nuevo régimen permite a los beneficiarios
incorporarlos a una obra social a través del abono de un costo mínimo. [...]
existe la posibilidad de convertirse en proveedores del Estado y recibir
asesoramiento y asistencia técnica" (Lineamientos de PP.SS., pág. 34).
Las
cooperativas de San Antonio de los Cobres, nunca han sabido de qué se trata
esto:
"nunca nos dijeron de ningún registro"
(Llampa, crónica de reunión, 30/05/06),
nunca han
recibido capacitación, asesoramiento o asistencia técnica:
"no sabíamos de albañilería, aprendimos con
este trabajo, sobre la marcha"
(Domingo, crónica de reunión, 29/03/06),
"necesitamos capacitación en lo
administrativo" (Jorge, crónica de reunión, 07/06/06).
La
pregunta sería cuál será el alcance de ese registro de efectores y cuál será la
capacidad de cada grupo para sostenerse en un lugar de inclusión. Dependerá
también de cuáles acciones se lleven acabo desde el gobierno nacional y en cada
localidad en lo que respecta a la política económica y el desarrollo
productivo.
Las
manifestaciones del Estado son consecuentes con el proyecto de sociedad que un
determinado gobierno intenta llevar adelante. Los modos de articularse con
diferentes sectores o instancias de la sociedad están en relación a la visión
del mundo imperante; entre esos sectores sociales pueden establecerse
conflictos, de acuerdo a los propios intereses, por imponer la visión del mundo
que resulte más beneficiosa a uno u otro sector (lucha de intereses). El Estado
no es un elemento estático sino que puede transformarse o mantenerse de acuerdo
a la resolución de dichos conflictos, plasmándose así un determinado proyecto
de sociedad.
Como se
dijo anteriormente, la sociedad civil es portadora de intereses, expresados en
sus organizaciones, los cuales el Estado no puede ignorar. Es por eso que para
que los intereses de la sociedad civil se vean contemplados en las acciones
estatales (políticas públicas), es necesaria su articulación por medio de la
participación activa de los sujetos en la planificación, ejecución, monitoreo y
evaluación de las mismas.
Son los
integrantes de las cooperativas los que deberán ir "tomando el sartén por
el mango" y responsabilizarse de su propio destino, del desarrollo de su
situación, a la par de un Estado que se responsabilice de su papel de garante
del cumplimiento de los derechos ciudadanos.
El
proyecto de conformación de las cooperativas relaciona "desarrollo local -
economía - sociedad civil" en contraposición a la relación "mercado -
sociedad civil". La diferencia entre una y otra relación es el sustrato ideológico.
"Mercado - sociedad civil" prioriza el beneficio individual, la
acumulación de capital y las relaciones mercantiles entre sujetos por sobre
cualquier otro tipo de relaciones; el otro relacionamiento plantea mecanismos
de inclusión social y redistribución de la riqueza desde las potencialidades
territoriales sumando los diversos modos de relacionamiento social.
Las
políticas sociales reflejan el modelo de sociedad que se pretende construir.
Para que una sociedad tenga espacio para todas y cada una de las personas,
exige intervenciones que impacten en el conjunto de sus comunidades, que
favorezca un desarrollo amplio donde todos puedan incluirse de alguna manera
(políticas sociales masivas). "Esto significa que la política social debe articular proyectos,
ideas y programas con el sistema productivo, en el marco de un modelo que
priorice la inversión productiva, la obra pública, el empleo, un impacto
territorial y una distribución más equitativa de los ingresos." (Documento
institucional, Lineamientos de PP.SS., pág. 12).
El
proyecto de cooperativas, se ha llevado adelante en San Antonio de los Cobres,
sin la participación del grupo (perteneciente a los sectores populares) en sus
diferentes etapas (salvo el trabajo de sus asociados en el período de ejecución).
Esto tiene que ver con la falta de equipos técnicos que faciliten la
implementación de estos proyectos y que viabilicen en los territorios los
lineamientos de las PP.SS., y con cuestiones de índole económica de la región
que no son tema de este trabajo pero que tienen que ser tenidos en cuenta al
momento de planificar políticas sociales que más que escindidas de lo económico
son funcionales al modelo hegemónico. Mínimamente es necesario empezar a
incluirlos en la evaluación que se haga del camino recorrido hasta este
momento, en la definición de objetivos, en la planificación de acciones del
camino a seguir y la incorporación de recursos humanos indispensables; no se
trata solamente de una mala o buena implementación de un brillante diseño de PP.SS,
sino de decisiones políticas que impliquen cambios estructurales de la sociedad
si se quiere empezar a hablar de lograr la reconstrucción de un país inclusivo
para todos y todas.
Conclusión
Desde distintos
modeles de Políticas sociales se acude al concepto de participación como eje
central de las mismas, apelando a la importancia de que la comunidad sea capaz
de organizarse y protagonizar sus propios procesos de cambio. Para poder
comprender qué es lo que se pretende a partir de la instalación de estos
discursos hay que buscar en los contenidos ideológicos que sustentan a dichos
conceptos. La comunidad como eje de intervención aparece en América Latina en
la década del ’50 con el modelo desarrollista. El desarrollo de la comunidad
fue una estrategia vinculada al poder hegemónico de EE.UU ante el auge de los
procesos revolucionarios en la región. Presupone la participación de la
comunidad para que abandone sus componentes tradicionales (considerados como
obstáculos al desarrollo) como condición necesaria para su promoción económica
y social dentro del sistema capitalista. Más tarde, con el advenimiento del
modelo neoliberal, encontramos en sus documentos de políticas sociales, la
utilización del concepto de participación para justificar el corrimiento del Estado
como garante de los derechos sociales y responsabbilizar individualmente a los
sujetos de sus dificultades en la satisfacción de sus necesidades, otra vez
legitimando la reproducción del sistema capitalista. Como continuidades se
encuentran el potencial de la comunidad para el desarrollo a través del
incremento de su capital social y/o empoderamiento y los planteos de
articulación Estado – Comunidad; en el desarrollismo el Estado aportaba los
recursos financieros y la Comunidad los recursos humanos y en el neoliberalismo
se plantea un modelo asociado de gestión entre Estado – ONGs – Comunidad, vía
la participación en la ejecución de programas y proyectos. Como rupturas puede
señalarse el contexto socio – histórico, en las décadas ‘50/60 el ideal de proyecto
nacional a alcanzar era la industrialización y los sectores populares habían
alcanzado un alto nivel de organización que los posicionaba favorablemente para
la negociación de sus intereses; en cambio en los ’90 se destruye el ideal de
un proyecto nacional independiente y en los sectores populares se provocan
procesos de fragmentación social e individualización que socavan sus
capacidades de negociación. En la actualidad, los discursos de legitimación del
sistema plantean una suerte de redescubrimiento del Estado en su papel de
garante de los derechos sociales, como necesario corrector de las “fallas” del
mercado y como motor de un desarrollo con “integración social”, siempre dentro
del sistema capitalista. Como contexto social se encuentran establecidas
barreras de contención a los “excluidos” en el marco de la consolidación de un
modelo asistencial masivo y la naturalización del precariado laboral que
mantiene la poca capacidad de negociación del sector trabajador. Estos nuevos
discursos, que versan alrededor de conceptos tales como justicia social,
equidad o “fracaso” del neoliberalismo son parte de las estrategias de los
sectores dominantes para la reproducción de las relaciones sociales. De todas
formas, no puede dejar de reconocerse que ante las extremas condiciones de
existencia y reproducción de la vida cotidiana de la amplia mayoría de los
sectores populares, “cualquier cambio en las políticas puede tener resultados
visibles en lo inmediato” (Stolowicz B.) cuando se trata de la vida de las personas,
pero el problema de fondo deja de ser una adecuada o inadecuada implementación
de políticas sociales si estas “no forman parte de un proceso de modificación
de las relaciones de poder entre dominantes y dominados en que se sustenta el
orden social y económico actual” (Stolowicz B.).
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