Encuentro Trinacional de Trabajo Social
Lic. Graciela Magdalena Yacuzzi
“Desafíos y Limitaciones de la Práctica Profesional
Intervención
profesional en las necesidades y demandas sociales
“Desafíos y Limitaciones de la Práctica Profesional
Introducción.
El proceso de
transformación de la relación entre Sociedad y Estado en Argentina, iniciado en
la década del 90 con la implementación del modelo neoliberal, caracterizado por
la aplicación de estrategias tales como la privatización, desregulación y
flexibilización laboral, se aceleró en
los últimos años, originándose a raíz de ello un nuevo conjunto de demandas
sociales.
Estas
transformaciones que nos colocan ante la llamada “nueva cuestión social”
(Castel, R.1997), signada fundamentalmente por dos factores:
- Las alteraciones del mundo laboral (precarización, cuentapropismo, desempleo, etc.), que han generado “una
conmoción que ha afectado a la condición salarial”; con lo cual, el trabajo,
pierde su condición como factor de construcción de la cotidianidad o de integración
social.
- Y la aparición de nuevas
fragmentaciones, expresión de una sociedad cada
vez más heterogénea, cuyo efecto es la pérdida y crisis de sentido de los
espacios de socialización. (Coraggio, J. 1999)
Los
procedimientos neoliberales eliminaron definitivamente la faceta redistributiva
del estado y crearon severos procesos de ajustes con múltiples consecuencias:
- En lo
económico, un aumento de la producción y la productividad, una mayor
estabilidad de precios e ingresos de capitales y una importante disminución de
la inflación, efectos que contrastan con el empobrecimiento generalizado
producto de la profundización de los problemas de empleo, la caída salarial, la
inequitativa distribución del ingreso y la exclusión de algunos sectores de los
beneficios del gasto social (Isuani, A, 2000).
- En el terreno
de los actores sociales y de la política; los sectores sindicalistas, reactivos
en otras épocas, asistieron sin resistencia a la privatización de las empresas
del estado, con la consecuente reducción de la generación de puestos de trabajo
en el sector público.
- Los cambios
en las principales políticas sociales, lejos de brindar seguridad a la gente,
fomentaron la desintegración social, generando conflictos generacionales y
disminuyendo las oportunidades de vida de la población. Ante los embates
sufridos por las políticas de provisión directa o subsidio a la oferta
características del Estado de Bienestar, la respuesta neoliberal fue el
subsidio focalizado a la demanda (Lovuolo, R. 2000).
El achicamiento de las
políticas públicas, que pone de manifiesto la total retracción del Estado, en
su función de garante de los derechos sociales, en su afán por corregir los
desequilibrios económicos mediante políticas de ajuste dejó totalmente de lado
las políticas destinadas a atender aspectos sociales. Lo que no hace otra cosa
que perfilar un modelo de desarrollo desarticulado
social y sectorialmente.
Desde esta perspectiva,
podríamos decir que nos encontramos ante una crisis de gobernabilidad del
sistema, resultante de las relaciones entre el poder político y el económico,
de allí la necesidad de nuevas políticas sociales que garanticen eficiencia en
la asignación de fondos públicos en cuestiones sociales.
Es, precisamente en nombre de
la eficiencia que los organismos internacionales plantearon el tema de la
descentralización, pero en Argentina, esta, se llevó a cabo con objetivos
fiscalistas y políticos, que provocó un proceso de ida y vuelta entre
descentralización y concentración, consistiendo en una mera distribución de
funciones y generando un círculo vicioso de clientelismo.
En síntesis estamos ante una
despolitización de las problemáticas sociales. O sea que se continúa
priorizando en la agenda pública el problema de la crisis económica, dejando en
un segundo plano a la cuestión social.
En los últimos
tiempos, si bien asistimos a un proceso de recuperación económica y
redefinición del rol del Estado en la atención de las mismas, fenómenos tales
como la pobreza, la marginalidad y el desempleo se agudizaron afectando a
sectores importantes de la población.
Bustelo y Minujin (1998), plantean que
“se ha formado una zona de vulnerabilidad social y económica, creciente en
términos absolutos y relativos, que incluye a pobres estructurales, a nuevos
pobres y a amplios sectores medios”. Y concluyen, “el grupo vulnerable está
lejos de irse incorporando al de incluidos”.
Considerando que la desigualdad social,
la creciente vulnerabilidad y la exclusión, son los tres problemas económicos y
sociales centrales en América Latina, estos autores, expresan “son los derechos
sociales la puerta de entrada para
construir la ciudadanía”.
Por su parte,
Alfredo Carballeda (2002), toma las nociones de “exclusión” y “ciudadanía” como
centrales en los debates en el ámbito de las políticas sociales y el Estado. Su
planteo gira en torno a la idea de que la sociedad está signada por cierta
tendencia a la “naturalización” de la exclusión, lo que provoca diversas formas
de “estigmatización y construcción de etiquetas sociales” a grupos y
comunidades, que los lleva a la “elaboración de códigos y formas de identidad
fuertemente volátiles, con una marcada pérdida de espacios de sociabilización.
De esta forma la idea de ciudadanía se presenta quebrada y hasta sin sentido.”
En otras palabras, la noción de
ciudadanía vinculada a la adquisición de derechos; que va desde los civiles a
los políticos y luego a los sociales, ampliándose en la actualidad a los
llamados de cuarta generación o difusos (de género, medio ambiente, del
consumidor); se ve socavada por la pérdida de los derechos sociales.
Tomando las palabras de José Luis
Coraggio (1999), a partir de “la filosofía inhumana del neoliberalismo”, “se
generaron y se siguen generando más y mayores espacios de exclusión social”. Lo
que “no impacta solamente en los denominados excluidos sino también en el resto
de la sociedad, ya que quienes se encuentran en el lugar de la inclusión no
pueden estar seguros de mantenerse allí. Esta tensión entre inclusión y
exclusión se manifiesta en el mundo del trabajo y en la vida cotidiana,
expresándose en forma de incertidumbre...” Y agrega el autor, “los así
excluidos son arrojados a un mundo socialmente anómico de necesidad,
precariedad y lucha por la supervivencia, ampliándose estadísticamente los comportamientos
“antisociales”, vistos como fuente de peligros para la “sociedad” urbana”.
Si consideramos que la “exclusión social
es la imposibilidad de poder participar en la sociedad y que lleva a la
vivencia de privación, de rechazo, de abandono y de expulsión, inclusive con
violencia, de una parcela significativa de la población, y que ella incluye
pobreza, discriminación, subalternidad, inequidad, no accesibilidad, no
representación pública; es un proceso múltiple que se explica por varias
situaciones de privación de la autonomía, del desarrollo humano, de la calidad
de vida, de la equidad y de la igualdad” (Malacalza,S. 2000).
De allí que las posibilidades de
inserción social de las personas y su ubicación en las diferentes zonas de
cohesión social o en la zona de vulnerabilidad o exclusión dependa de cómo este
organizada la relación entre empleo y las redes de protección social (Castel,
R. 1997).
Desde
esta perspectiva nuestro país vive hoy una encrucijada histórica. Por un lado,
trata de profundizar su democracia, alcanzar el desarrollo, optimizar el uso de
los recursos financieros y mejorar sus niveles de calidad de vida; y por otro,
trata de hacerlo con un modo especial de ordenarse y decidir sobre sus asuntos
públicos y privados.
Políticas Sociales actuales.
Consideraciones generales.
Las políticas sociales, a partir de los
años noventa se orientaron –casi exclusivamente- al desarrollo y promoción de
la modalidad asistencial, a través de
"políticas de emergencia" que se convirtieron en una de las herramientas
de las que el Estado se vale para contener las protestas, el conflicto social y
la legitimidad del sistema.
Por otro lado este modelo de gestión,
fundamentado en criterios de eficiencia y racionalización del gasto, estableció
como criterios para la elaboración de políticas sociales, los siguientes
aspectos:
-la gestión por proyectos: que
implica un marco acotado de elementos tangibles y claramente identificables
establecidos a partir de criterios técnicos.
-la focalización: a efectos de
garantizar un paquete mínimo de beneficios a los más necesitados, excluidos del
sistema de protección tradicional.
-la descentralización: tanto
política como administrativa, basadas en la necesidad de ampliar el proceso de
democratización a través de la participación en la toma de decisiones.
-las nuevas
formas de financiamiento: mayor participación privada y de organismos
internacionales.
En lo que respecta a la pobreza, la
desigualdad y la exclusión social no fueron suficientes estos mecanismos de
focalización o descentralización de la acción pública, ni la inversión en
capital humano o en infraestructura social, ni los procesos de reforma de los
sistemas de seguridad social; sin duda el énfasis puesto en lo económico en la
toma de decisiones lejos de acortar distancias sociales las ha profundizado.
Desde esta perspectiva y teniendo en
cuenta que una Política Social que no genera, acompaña, facilita propuestas de
redistribución del ingreso restituyendo derechos sociales no puede ser
entendida como Política Social, sino, simplemente como un mero paliativo
(Carballeda, A. 2005); surge la necesidad de generar nuevas estrategias que:
- Atiendan la problemática social que
afecta a la población en forma integral,
- Mantengan la cohesión social, mediante
la instrumentación de políticas que contemplen aspectos educativos, sanitarios,
de empleo, de vivienda y uso del tiempo libre.
- Procuren el fortalecimiento del capital
social, en el sentido de favorecer tanto a la capacidad de los individuos para
asociarse y emprender acciones para el logro de objetivos comunes; como a las
redes de la sociedad civil, que facilitan las relaciones sociales, creando
vínculos de solidaridad, reciprocidad, asociatividad, en pos de esfuerzos
conducentes al desarrollo auto sostenido, participativo y equitativo como
estrategia para superar la pobreza y exclusión. (Kliksberg, B.)
Así mismo estas estrategias deben considerar
algunos aspectos que condicionan la definición, el diseño y la implementación
de políticas sociales, entre los que se puede mencionar:
-
La preeminencia de criterios económicos, como
eficacia y eficiencia sobre los programas sociales, como consecuencia del
predominio de una visión económica, sobre la definición de los problemas
sociales. Lo que se tradujo en nuevas metodologías de planificación y
evaluación. (Krmpotic, C. 2003)
-
El sistema de políticas sociales poco puede hacer
ante la creciente pobreza e indigencia, ya que históricamente se ha vinculado
su expansión con el desarrollo del sector formal del empleo (Krmpotic, C. 2003),
hoy socavado por el desempleo principal consecuencia de la aplicación del
modelo neoliberal.
-
Las
instituciones desde donde se desarrollan las Políticas Sociales, se encuentran
atravesadas por una serie de obstáculos, en tanto que las problemáticas que se
les presentan superan las disposiciones fundacionales.
-
El gerenciamiento de los programas es inadecuado, ya que
por lo general tienen al frente
dirigentes políticos que tienden a actuar con criterios clientelísticos; y en
otros casos técnicos especialistas en la problemática pero con insuficiente
formación de gestión organizacional.
-
Los
recursos de los programas son distribuidos en forma discrecional por quien los
administra. La arbitrariedad en la
selección de los beneficios deviene de una dificultad técnica, ya que los
censos y las encuestas de hogares nos pueden decir cuánto son los pobres
pero no quiénes
son. (Isuani, A.)
Mr. Stiglitz
enfatiza que la pobreza y la salud son indicadores, así como los problemas
ambientales, que señalan un crecimiento no sostenible, que no beneficia a los
países a medio ni a largo plazo. Enfatiza la importancia de la
"sostenibilidad," la equidad y la democracia en el desarrollo, el que
debería ser accesible a toda la sociedad.
Este autor
hace referencia al importante rol que juegan el Estado (gobierno) y la sociedad
en la búsqueda de un desarrollo económico sustentable, señalando algunas claves
a tener en cuenta en este enfoque. Ellas son:
1) Leyes fuertes contra los monopolios.
2) Un Estado fuerte, con transparencia en los actos de gobierno y acceso
a una justicia confiable.
3) La activa promoción de la idea de que las personas son la
clave para el éxito del desarrollo económico, y asimismo el producto de ese
éxito, a través de los siguientes factores: a) Fuerte protección de la Salud (algo semejante a los
países nórdicos) como soporte de las individualidades, que permita el
surgimiento de emprendedores capaces de asumir riesgos. b) Inversión en
educación (primaria, secundaria y universitaria), en investigación y en desarrollo.
c) Acceso al crédito en todos los niveles y sectores de la sociedad y la
redistribución de los fondos de manera equitativa para combatir la desigualdad.
Se requieren políticas agresivas
en lo social, con asignaciones adecuadas de recursos manejadas con una gerencia
social de excelencia. Sin embargo, la posibilidad de instalarlas, tropieza con
frecuentes razonamientos sobre la prioridad de otros gastos "más
productivos", la posibilidad de postergar lo social para mejores tiempos,
y su percepción como una especie de "necesidad secundaria". Superar
esta visión estrecha es urgente. En las economías de nuestros días, lo social
ha dejado de ser un gasto, es una inversión estratégica.
Según estudios recientes el
capital humano (básicamente los niveles de nutrición, salud y educación de la
población) y el capital social (valores compartidos, cultura, grado de
asociacionismo, confianza entre sus actores) determinan dos terceras partes de
la tasa de crecimiento económico. El capital social requiere a su vez, para
ponerse en marcha, de asignaciones de recursos para promover la organización de
la sociedad civil.
Los países más avanzados del mundo han tendido a realizar
inversiones sostenidas en el mediano y largo plazo en estas formas de capital,
y han cosechado resultados en términos de mejor equidad, estabilidad política y
progreso macroeconómico sobre bases firmes. América Latina, con logros enormes
en el campo de la democratización, es citada al mismo tiempo con frecuencia
como un "antiejemplo" en lo social. Los
niveles de pobreza son muy superiores a los que deberían ser, según su producto
bruto global y per cápita; los déficits de educación y salud son muy marcados; un amplio
porcentaje de la población carece de agua potable y de instalaciones sanitarias
básicas. Según UNICEF el 60% de los niños son
pobres; y más de un 30 % de los jóvenes están desocupados. Se habla de un
profundo proceso de "descapitalización", en cuanto a capital humano,
y de una marginación continua del capital social. Todo ello es influido por el
hecho de ser la región del mundo con mayor inequidad, lo que, a su vez, la
fortalece y multiplica.
Desconocer la legitimidad macroeconómica de la inversión
social puede dañar severamente toda posibilidad de desarrollo sostenido. Por
otra parte, significa incumplir la promesa de oportunidades de la democracia, y
dejar de lado la exigencia ética de la solidaridad, con graves perjuicios para
la calidad de la sociedad.
Tendencias actuales en Trabajo Social. Desafíos.
El Trabajo Social como profesión enfrenta múltiples
desafíos dentro de un contexto en el cual abundan las preguntas y los
cuestionamientos. Asistimos a un tiempo-contexto de quiebre de certezas y
paradigmas.
En esta nueva relación entre Estado- Sociedad Civil,
la práctica profesional exige encarar un proceso de construcción y
resignificación del campo profesional, cuestionando y problematizando marcos
teóricos, estrategias y metodologías de intervención.
Al reflexionar sobre las tendencias actuales en
Trabajo Social, es pertinente considerar:
1. En primer lugar que, la especificidad profesional
es “una construcción histórico- social”, y en este sentido está constituida por
los sujetos sociales, el objeto de intervención y el marco de referencia.
(García Salord, S.1998)
2. En segundo lugar, considerar el contexto, signado
hoy por la creciente complejidad de nuestras sociedades que, “refuerza la
necesidad de reconfigurar la profesión sobre la base de controversias y
replanteamientos analíticos. Resignificar el papel de la teoría en la comprensión
compleja de lo social (teniendo en cuenta la articulación orgánica que ella
establece con la metodología, como depositaria de concepciones y visiones desde
las cuales se perfilan procedimientos, lógicas y caminos) implica trascender la
concepción instrumental y operativa que algunas veces se tiene sobre lo
metodológico. Asumir una vigilancia epistemológica y una actitud crítica que
permitan analizar las implicaciones prácticas que determinadas nociones,
concepciones y rutinas le imponen al accionar profesional” (Vélez Restrepo, O.
2003).
En este sentido, “hay que potenciar interpretaciones
complejas desde una función mediadora, que involucra no un procedimiento de
bisagras, sino la posibilidad de nombrar un escenario posible de
reconstrucciones. No es hablar de otros sino mostrar contradicciones de los
discursos. Debe contener la posibilidad de recuperar la unidad de lo razonable,
dejando escuchar sus múltiples voces. (Matus Sepúlveda, T. 1999)
En otras palabras la primera tarea para lograr un
cambio es que el Trabajo Social se asuma como una forma de trabajo Reflexiva y
Crítica.
3. Por ello, en tercer lugar hay que tener en cuenta
que, el Trabajo Social es “la disciplina de la interacción social consciente,
en el sentido de que en forma constante y progresiva coactúa con el hombre, su estructura y
coyuntura histórico político, material, social y cultural, planeando y
generando intervenciones organizadas de reflexión, cognición y transformación
conjuntas en el universo de las relaciones, con el objetivo de lograr mejores y
armónicas condiciones de existencia personal, grupal y colectiva”. (Max Agüero,
E. 2002)
Asistimos cotidianamente a una realidad en la cual los
trabajadores sociales contemplamos como situaciones coyunturales y
estructurales atraviesan transversalmente e interrelacionadamente aspectos de
las esferas de lo cultural, lo económico, lo socio-político, etc.
Esta realidad social que nos interpela genera una
fuerza que por lo general va en contra
del libre ejercicio de una Ciudadanía
Social Plena. Esta característica de nuestro tiempo puede ser caracterizada
como un acontecimiento que algunos autores llaman proceso de desciudadanización.
Desde el neoliberalismo y el conservadurismo se viene
construyendo la idea de una neofilantropía que a la luz del más elemental de
los análisis, desde nuestra profesión, nos retrotrae a la prehistoria de la
ciudadanía. El desafío consiste en entender que, el trabajador social a través
de su praxis profesional, en los distintos ámbitos: estatales, públicos y aún
privados, puede gestar, conjuntamente con los diversos actores sociales, una
contracorriente que posea como eje articulador la clara conciencia del derecho
y el deber a ejercer una ciudadanía
plena. Todos lo ámbitos en los que intervenimos pueden transformarse en usinas
de ciudadanía o de desciudadanización.
Construir ciudadanía para nosotros, los trabajadores
sociales, lleva implícito el desafío de poder crear, recrear y desarrollar
situaciones de conciencia ciudadana en su doble acepción de derechos y obligaciones.
Esto debe constituir una actividad de construcción que lleve implícito un pleno
reconocimiento de la indivisibilidad entre la calidad y la extensión universal
de la ciudadanía.
Nuestra mirada profesional debe afincarse en aquellas
características o componentes que al pobre lo constituyen como
persona-sujeto-ciudadano para resignificar de que manera cada necesidad, cada
demanda; cada situación problema constituye una posibilidad, una potencia
movilizadora, que debe ser co-construida a través de un proceso conciente de
reflexión, cognición y transformación. Esta propuesta posee componentes ético- axiomáticos
para nuestra profesión.
Otro de los desafíos que nos imponen los nuevos
tiempos sociales, en los cuales nos encontramos insertos, es responder a la
creciente necesidad de proponer y realizar rupturas con respecto a aquellas
veladas sugerencias de índole teórico, metodológico que nos priven de la
libertad para repensar y problematizar la cuestión social y todo aquello que neutralice,
paralice y torne rutinaria nuestra acción profesional.
Asistimos a una falacia descomunal, toda una
estructura y andamiaje de cohesión social e integración está siendo minado, con
el agravante que desde los espacios de poder del aparato estatal se
instrumentan políticas sociales de carácter artificial, (con fines
clientelistas) en donde las categorías- conceptos de trabajo y por ende
desempleo carecen de un análisis serio y objetivo.
Este abismo que se ha acrecentado en este inicio de
siglo constituye el núcleo de una crisis de la cual aún no sabemos a ciencia
cierta cuales serán sus verdaderas
consecuencias.
En este sentido se debe plantear que la ética además
de ser un permanente motor de indignación debe a su vez aproximarnos a ser
coherentes con nuestras acciones. Ello a fin de poder incidir en la
construcción de nuevas relaciones humanas y de repensar un proyecto donde el
fin y la causa última de todo accionar sea el ser humano.
Los valores ético-profesionales deben estar
acompañados de perspectivas teóricas cada vez más sólidas que nos ayuden a
analizar y comprender la realidad social con sus múltiples entrecruzamientos.
Debemos recuperar para nosotros mismos como colectivo
profesional la intencionalidad en las diversas intervenciones, en esa dirección
aún nos quedan algunos dilemas sobre los cuales debemos trabajar:
·
Debemos esforzarnos permanentemente para adquirir
una rutina de recapacitación permanente, que nos permita alcanzar una formación
teórica práctica cada vez más rigurosa, que nos hará más competentes a la hora
de realizar un análisis y una relectura argumentada de los problemas sociales.
·
Este primer desafío a su vez nos capacitará para
que en cada intervención co-construyamos una comunidad de argumentos, dotemos
de sentido y direccionalidad a nuestro accionar, buscando adecuar nuestra praxis
en relación a los valores profesionales.
·
Además resulta indispensable dentro de este
contexto histórico reanalizar el carácter y el sentido de nuestro accionar
profesional, ya que la existencia e influencia de múltiples factores
coyunturales muchas veces influyen deformando la intencionalidad de nuestras
intervenciones vaciándolas del sentido originario, socavando su sentido
político y emancipador.
·
Por último nuestra precaria situación laboral de
asalariados (con todos los condicionamientos que esto lleva implícito) no nos
debe llevar a claudicar en la tarea de realizar una interpretación lúcida de la
cuestión social, una reafirmación de nuestro compromiso sociopolítico y a la
lucha permanente por garantizar el libre ejercicio de los derechos y
obligaciones, de los cosujetos con los que interactuamos, en nuestras
prácticas.
Finalmente
nos parece oportuno señalar un auto cuestionamiento con respecto al colectivo
profesional que gira en torno a la escasa capacidad para problematizar,
repreguntarse y cuestionar (a través de pronunciamientos) la realidad social
contemporánea, la construcción y consolidación de una comunidad de argumentos,
la creación de nuevas categorías de análisis, que nos permitan desarrollar
diagnósticos sociales cada vez más objetivos. Esto se relaciona directamente
con la necesidad de establecer una re-sistematización constante y al hecho de
incorporar una actitud investigativa como parte fundamental de todo proceso de
intervención.
Por lo
tanto debemos adquirir la saludable costumbre de auto-interrogarnos como
colectivo profesional sobre nuestras intervenciones. Por supuesto que debemos
tener en claro que hay cosas que no dependen de nosotros. Pero al mismo tiempo
debemos tener clara conciencia que esta actitud, descomprime de alguna manera
ese cerrojo de voluntarismo, pragmatismo y empirismo que aún empañan los
horizontes de nuestra profesión.
Referencias
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