domingo, 25 de marzo de 2012

EL CASO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES

NOMBRE Y APELLIDO: LIC.  ANDRIANA MARIEL FERNANDEZ
TITULO:EL CASO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES 
EJE TEMÁTICO: POBREZA Y DESARROLLO
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN MESA PANEL
INSTITUCIÓN: CENTRO INTEGRADOS COMUNITARIO (SAN ANTONIO DE LOS COBRES SALTA) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION ARGENTINA

El caso de las Cooperativas de Trabajo de San Antonio de los Cobres

“Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos,
 y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos.
Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar,
y el mal gobierno pone cárceles y tumbas.
Nuestra lucha es por la justicia,
y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos,
techo, tierra, trabajo, pan, salud y educación.
Independencia, democracia, libertad.
Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años,
estas son hoy nuestras exigencias.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas,
 aquel a cuya mano se acerque este manifiesto,
que lo haga pasar a todos los hombres y mujeres de esos pueblos.”
Sub-comandante Marcos

Enmarcado dentro del Plan de Desarrollo local y Economía Social "Manos a la Obra" del Ministerios de Desarrollo Social de la Nación (Argentina – 2006), encontramos las cooperativas de trabajo conformadas para la construcción de los CICs. En este caso, se tomará para el análisis, las cooperativas que se encuentran construyendo el CIC de San Antonio de los Cobres, Provincia de Salta, en relación a los objetivos del Plan, las conceptualizaciones en torno a las “nuevas políticas sociales” -cuyos principios fundamentales son: articulación (interjurisdiccional, interinstitucional, interactoral), integralidad (apuntando al conjunto de los aspectos que atañen la vida de las personas), territorialidad, identidad, participación, protagonismo, construcción “de abajo hacia arriba”- y los principios y valores cooperativos. Las categorías sociales utilizadas para el análisis son: Estado, Sociedad Civil, Desarrollo local, Comunidad, Organizaciones sociales, nivel de compromiso político, Territorio, Identidades, mercado. La Localidad de San Antonio de los Cobres, Departamento Los Andes, se encuentra en la región puneña de Salta, a 4.000 mts. de altura, a 170 Km. de la ciudad de Salta por camino de altura y con tramos en malas condiciones y presenta muy bajas temperaturas y fuertes vientos. El material de la práctica que posibilita este análisis son las crónicas de entrevistas y reuniones realizadas durante el trabajo con las cooperativas, con responsables de Programas Provinciales y Nacionales (Programa Provincial de Acción Cooperativa y PYMES y referente territorial del Registro de Efectores) y con autoridades municipales. El tipo de cooperativas conformadas en este caso, son de trabajo y están compuestas por beneficiarios del PJJHD y desocupados.

El Plan “Manos a la obra” (desarrollo local y economía social), según su letra, se propone mejorar la calidad de vida de las familias y generar condiciones contextuales que permitan avanzar hacia el logro de un desarrollo social y económicamente sustentable, busca promover  la inclusión social a través de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios utilizando los recursos humanos, naturales, culturales y económicos que se encuentren instalados en la comunidad en un marco de equidad y participación social.
Como objetivos se promueven:
§        Contribuir a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social en todo el país.
§        Promover el sector de la economía social o solidaria mediante el apoyo técnico y financiero a emprendimientos productivos de inclusión social generados en el marco de procesos de desarrollo local.
§        Fortalecer a organizaciones públicas y privadas, así como espacios asociativos y redes para mejorar los procesos de desarrollo local e incrementar el capital social a nivel local, y generar mayores capacidades y opciones a las personas promoviendo la descentralización con la participación de los actores locales.
El Plan se constituye como un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinado particularmente a los sectores de bajos recursos.
A partir de la implementación del mismo se brindará:
·                    Apoyo al ingreso de las familias en situación de pobreza, asegurando un ingreso y promoviendo la inclusión social a través de la participación en proyectos productivos locales y de acciones dirigidas a desarrollar capacidades para el trabajo.
·                    Se prevé la incorporación de beneficiarios de programas de ingreso a emprendimientos productivos. Para ellos se está trabajando en forma articulada con el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el Programa Familias por la Inclusión Social y el Programa de Empleo Comunitario (PEC).
·                    Fortalecimiento de Espacios Asociativos locales e interinstitucionales con el objetivo de ampliar su capacidad de intervención en el abordaje de las políticas sociales desde la perspectiva del desarrollo local.
Sus componentes son:
§        Apoyo económico y financiero. Este se orienta a: emprendimientos productivos (unipersonales o familiares, autoconsumo y asociativos comerciales), cadenas productivas (articulación de unidades productivas), servicios a la producción (calidad, comercialización, reducción de costos y nuevas tecnologías) y fondos solidarios para el desarrollo.
§        Fortalecimiento institucional. Este componente propicia el apoyo a la consolidación de los Consejos Consultivos como espacio institucional constituidos por actores sociales y económicos relevantes según el entramado de cada territorio, la capacitación de los equipos municipales de gestión socioproductiva local y el intercambio institucional y académico.
§        Asistencia técnica y capacitación. Aportar a la superación de las dificultades de los distintos proyectos en relación al sostenimiento y organización de la actividad productiva.

Según el discurso de las "nuevas políticas sociales", se trata de recuperar la presencia del Estado en su papel de garante del cumplimiento de los derechos humanos y sociales del conjunto de la sociedad a partir de un rol activo y que considere a la sociedad civil como protagonista de su proceso de promoción y no como beneficiaria pasiva de políticas sociales clientelistas y asistencialistas. Para esto es necesario que se considere la participación de los distintos actores de la sociedad civil en la planificación y gestión de las políticas sociales. No pueden perdurar ya, programas estructurados de antemano que "de manera más o menos parecida" da soluciones a situaciones "más o menos parecidas". Hay que darle voz y poder de decisión a los sujetos, individuales y/o colectivos, de las distintas comunidades, que tienen mucho para decir  a cerca de sus problemas y las soluciones viables y/o deseables que pueden y quieren llevar adelante desde sus características territoriales e identitarias.
Nun dice que "los derechos de ciudadanía son deberes que el Estado asume frente a los miembros de la sociedad". Todas las personas tienen derecho a desarrollarse en condiciones dignas de vida. Es el trabajo "decente" lo que nos constituye en personas dignas, siendo la principal forma de afiliación a la sociedad, de asignación de representaciones identitarias y, así, de reconocimiento social. Son estas concepciones las que guían el Plan "Manos a la Obra", el cual se plantea como forma de recuperar la cultura del trabajo y apoyar el desarrollo local; potenciando las capacidades de las personas, los recursos territoriales y produciendo un corrimiento del eje de la mera asistencia al eje de la asistencia más promoción.
La conformación de las cooperativas, apunta precisamente a esto: "la cultura del trabajo solo se adquiere trabajando" (De Lorenzo. Revista Lo social.) y además, que sea en forma cooperativa, apunta a la reconstrucción de la solidaridad y la ayuda mutua, en oposición a los valores impuestos por la lógica del mercado del individualismo y "el sálvese quién pueda" (mercado cuyo objetivo no es la reproducción de la vida de las personas sino la acumulación de capital).
Las acciones del Estado (sus políticas sociales (PP.SS.)) construyen identidades, formas de relacionamiento social y posicionamientos subjetivos, si las PP.SS. tienden a establecer condiciones que posibiliten el trabajo, como lo es el proyecto de conformación de cooperativas, se propiciarán así, identidades ligadas al "ser trabajador".
A partir de la conformación de cooperativas y el incentivo para el inicio de una actividad (otorgamiento de una obra, en este caso un módulo del CIC), el Estado se articula con al sociedad civil a partir de PP.SS. que devuelven al trabajo su función de integrador social. Esto pretende hacerlo desde las realidades territoriales, a partir de sus recursos disponibles, cultura y tradiciones en pos del desarrollo local del conjunto de la comunidad.
Esto marca una diferencia tajante con las PP.SS. neoliberales, que al decir de L. Andrenacci "se fragmentan en intervenciones territoriales singulares, se focaliza en la pobreza y la marginalidad, se especializa en la atención a sujetos y familias en los límites de la supervivencia física, contribuyendo técnicamente a acentuar la segmentación." El modelo neoliberal y sus PP.SS. han ido en dirección de la destrucción de la cultura del trabajo (solo medidas compensatorias ínfimas para los excluidos sin generación de empleo para el conjunto social) y del posicionamiento de los sujetos como "asistidos", "beneficiarios pasivos", "excluidos". Una PP.SS. que apunte a la reconstrucción del trabajo como  integrador social, da cuenta de cierta intención de modificar las formas de relacionamiento social típicas del neoliberalismo.
El Plan prevé apoyo técnico, financiero y capacitación a emprendimientos productivos nacidos en el seno de las distintas comunidades, con sus características particulares. De esta manera, la noción de territorio se constituye en una categoría socio-política en el sentido de la equidad territorial y de las particularidades sociales, culturales, políticas, económicas e identitarias de cada territorio.
La sociedad civil es portadora de intereses, expresados en sus organizaciones sociales (en algunos casos, ya que muchas veces no llegan a constituirse en organizaciones), los cuales el Estado no puede ignorar. De aquí que este Plan (acción estatal plasmada en PP.SS.) no impone qué y cómo deben "hacer" los sectores de bajos recursos, sino que propone su participación activa en la definición de proyectos productivos.
Es en este punto donde estas cooperativas encuentran una limitación, contradicción. En la práctica, las cooperativas de San Antonio de los Cobres han sido conformadas de modo compulsivo, por presión del gobierno municipal:

"estábamos con el plan comunitario o contratados por la municipalidad y nos obligaron a pasar a la cooperativa, salimos en apuro"  (Jorge, crónica de reunión, 29/03/06).  

De los/as asociados/as que figuran en el Acta Constitutiva solo quedan cuatro (4), muchos nunca tomaron su puesto de trabajo y los que actualmente están trabajando fueron incorporados por el municipio. No se han cumplido los mecanismos establecidos por la ley de cooperativas: los que no están no han presentado sus renuncias y los ingresantes no presentaron sus solicitudes de ingreso ni se realizaron las actas del Consejo de Administración aceptando dichas solicitudes (Fuente: Acta constitutiva, Libro de Consejo de Administración, Libro de Asociados).

No han recibido capacitación en los principios cooperativos ni en el manejo administrativo. Esta situación fue corroborada también, a través del Programa Provincial de Cooperativas y PYMES:

 “Una vez armadas las cooperativas, el municipio solicitó capacitación, funcionarios de Nación certificaron la constitución sin el consentimiento explícito de los asociados”;

“La propuesta de Nación es muy buena pero, lamentablemente, su implementación fue un desastre”;

“Nosotros como programa tenemos la obligación de brindar capacitación, pero como a la provincia no le interesan estas cooperativas , no se autoriza la capacitación, pero igual pueden solicitarla, no hay peor gestión que la que no se hace” (Registro entrevista Programa de Cooperativas y PYMES).

A partir del trabajo realizado desde el CIC (Centro Integrador comunitario) con el grupo de las cooperativas, sus miembros decidieron mandar una nota solicitando la capacitación al programa y no obtuvieron, hasta la fecha, ninguna respuesta.
Desconocen a cerca del sistema cooperativo y funcionan como empleados municipales:

"no están claras las reglas, nos pagan todos los meses en la municipalidad, nosotros no manejamos dinero"  (Calpanchay, crónica de reunión, 29/03/06). 

Reciben el dinero a modo de sueldo y en la proporción establecida como si fueran 16 asociados.
Para la conformación y posterior funcionamiento no se han seguido los principios cooperativos:
La Alianza Cooperativa Internacional define a un Cooperativa como: “Una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”
En esta definición se toman los siete principios cooperativos establecidos y desarrollados por los creadores y seguidores de este sistema:
1.                 Membresía abierta y voluntaria.
2.                 Control Democrático de los miembros
3.                 Participación económica de los miembros
4.                 Autonomía e Independencia
5.                 Educación, entrenamiento e información
6.                 Cooperación entre cooperativas
7.                 Compromiso con la comunidad
En síntesis, tenemos, siguiendo los principios cooperativos: 1. conformación compulsiva, 2. control municipal, 3. irregularidades en el estatuto de los miembros y por lo tanto es irregular la participación económica, ya que además no tienen el control de este aspecto, 4. no poseen las herramientas ni capital social suficiente para ejercerla, 5. nunca han recibido capacitación ni información (se está trabajando sobre esto), 6. y 7. al no estar constituidas aún como reales cooperativas, no es posible el desarrollo de estos dos últimos principios.
En estas condiciones se dificulta el desarrollo de procesos que tiendan a su autonomía y no están participando de forma protagónica en la planificación y puesta en marcha de las PP.SS. que los está teniendo como objeto. Esto va en sentido contrario a los postulados de la "nueva política social". La limitación, entonces, estaría dada en este caso y en un nivel mucho menos inmediato, por las relaciones de patronazgo y casi coloniales presentes en la estructura social del lugar y que se cristalizan en el poder político de turno. A esto se le suma una tradición asistencialista y clientelista sumamente arraigada.
La "nueva política social" tiene por objetivo, a diferencia de las políticas sociales neoliberales que tenían como objetivo la atención exclusiva de la "población excluida", la de asegurar la integración de los sectores vulnerables a la sociedad. Esto lo vemos concretizado en el proyecto de conformación de las cooperativas, que refleja una ética práctica "donde el empleo resulta ser el mejor integrador social" (2° apunte del módulo de PP.SS., pág. 4). Con este proyecto, se ve al Estado cumpliendo su rol de manera activa e intentando demostrar su compromiso político con el desarrollo de los grupos y zonas más desfavorecidas a partir del trabajo colectivo: permite que los desocupados se junten en torno a un proyecto común, que lo hagan a partir de la solidaridad, la democracia y la ayuda mutua (valores cooperativos) y los apuntala dándoles inicialmente una obra para que vayan fortaleciéndose e ir en camino de su autonomía. Esto resulta contradicho por la remuneración que reciben estos trabajadores por su trabajo, el cual les implica entre 8 y 12 horas diarias. El pago es de $400 al mes, lo que podríamos calificar de “mano de obra barata del Estado”. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los partícipes en el proyecto expresan:

“queremos seguir siendo cooperativa pero teniendo más independencia” (asociado, registro de entrevista 07/06/06)

"Estado, derechos y sociedad civil son realidades que no deberían pensarse aisladamente unas de otras, sino más bien en su permanente retroalimentación. Asimismo, es necesario vincularlas con lo que podríamos llamarlas "partes activas" que les dan sentido concreto y por las cuales se manifiestan: políticas públicas, ciudadanía, grupos sociales." (módulo de Políticas Sociales, pág. 12). En el caso que nos ocupa tenemos, como partes activas, que la política social es la de generar las condiciones de accesibilidad al empleo; en cuanto al ejercicio de ciudadanía, es un largo camino a recorrer, y aquí se evidencia esto de "procesos de construcción social en permanente retroalimentación", la integración social por medio del trabajo va en camino de favorecer que los sujetos se posicionen como ciudadanos.
Una dirección política determinada hará que las identidades ciudadanas aparezcan como "ausentes/invisibles o presentes/visibles" (módulo de política social) (y toda la gama posible entre uno y otro estado de acuerdo al momento histórico del cual se trate). Las cooperativas podrán constituirse como grupo social en la medida también que cada uno de sus integrantes acreciente su compromiso con su propio proceso de promoción social.
Las políticas sociales son un modo de articulación entre Estado y sociedad civil. En este caso, se encuentra un Estado con intención de mantenerse "presente" en cuanto a su responsabilidad por medio de una política social que corre el posicionamiento de los sujetos del lugar del beneficiario pasivo y excluido socialmente, hacia el de sujetos protagonistas de su acción para la integración social. En esta línea Daniel Arroyo dice, a cerca de distintas experiencias involucradas en el Plan "Manos a la Obra",: "[estas experiencias facilitan] la autonomía de las personas y [constituyen] lazos de solidaridad y cooperación. Esto contribuye, a su vez, a generar ciudadanía en las personas involucradas, no solamente como un instrumento de reducción de la pobreza; sino también como un espacio generador de inclusión social a través del trabajo".
De acuerdo con José Luis Coraggio, la situación actual exige políticas socioeconómicas. En el Documento institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación "Experiencias socioproductivas del Plan Nacional Manos a la obra. 2005" dice: "es necesario instalar en la agenda pública [un] abordaje que vincule lo social y lo económico incorporando a todos los actores de tipo público y privado." En este sentido, el proyecto de la cooperativa se inserta en este punto desde la categoría "trabajo". El desafío será las formas en que éstas puedan vincularse con otros actores, no solo con el Estado, sino con actores del sector privado, para dar continuidad al proceso iniciado.
La conformación de las cooperativas muestran que la acción del Estado va en la línea de generar condiciones para la inclusión social por medio del trabajo, dicha acción se realiza del lado de los sectores populares que se encuentran en dificultades para la reproducción de su propia vida. Pero, ¿cuáles serán las condiciones para la continuidad de este tipo de proyectos en el marco de las relaciones capitalistas de producción? "Las políticas de desarrollo local suponen la implementación previa de políticas ligadas a la promoción social y al desarrollo productivo, así como también un entramado institucional y de actores locales que incorpore al sector privado (comerciantes, pequeñas empresas, cámaras y asociaciones empresariales y de productores) así como a la sociedad civil." (Documento institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación "Experiencias socioproductivas del Plan Nacional Manos a la obra. 2005". pág. 13), de esta cita surge el interrogante de cuáles serán las acciones de los gobiernos (nacional, provincial, municipal) en relación con el sector productivo privado para que se realice un real desarrollo productivo que habilite a la incorporación económica de las cooperativas de trabajo. La acción no debe apuntar solo a los sectores populares desafiliados, sino también a las relaciones de producción mismas para que la inclusión sea posible.
Esta es otra limitación que se encuentra en este proyecto, su futura inserción en el mercado en forma autónoma. Por un lado, por la labilidad con que estas cooperativas se han conformado (desde el CIC se viene trabajando en su fortalecimiento y capacitación), y por otro, porque el mercado está regido por las leyes del sistema capitalista, donde se dan condiciones de favorabilidad a las grandes empresas y de desfavorabilidad a los pequeños grupos autónomos. Para que las cooperativas se mantengan en un lugar de inclusión es necesario que el Estado facilite algunas condiciones materiales. Una acción positiva a su vinculación a la economía formal es la creación del Registro de efectores de desarrollo local y la economía social: "Entre los beneficios más importantes que recibe el sujeto, es la incorporación a un régimen de Monotributo social, lo que significa vincularlo positivamente a la economía formal promoviendo su integración socioeconómica. Esta integración también se realiza en el ámbito previsional, ya que se considera como trabajado el período de permanencia en el registro. También, este nuevo régimen permite a los beneficiarios incorporarlos a una obra social a través del abono de un costo mínimo. [...] existe la posibilidad de convertirse en proveedores del Estado y recibir asesoramiento y asistencia técnica" (Lineamientos de PP.SS., pág. 34).
Las cooperativas de San Antonio de los Cobres, nunca han sabido de qué se trata esto:

"nunca nos dijeron de ningún registro" (Llampa, crónica de reunión, 30/05/06),

nunca han recibido capacitación, asesoramiento o asistencia técnica:

"no sabíamos de albañilería, aprendimos con este trabajo, sobre la marcha"  (Domingo, crónica de reunión, 29/03/06),

"necesitamos capacitación en lo administrativo"  (Jorge, crónica de reunión, 07/06/06).

La pregunta sería cuál será el alcance de ese registro de efectores y cuál será la capacidad de cada grupo para sostenerse en un lugar de inclusión. Dependerá también de cuáles acciones se lleven acabo desde el gobierno nacional y en cada localidad en lo que respecta a la política económica y el desarrollo productivo.
Las manifestaciones del Estado son consecuentes con el proyecto de sociedad que un determinado gobierno intenta llevar adelante. Los modos de articularse con diferentes sectores o instancias de la sociedad están en relación a la visión del mundo imperante; entre esos sectores sociales pueden establecerse conflictos, de acuerdo a los propios intereses, por imponer la visión del mundo que resulte más beneficiosa a uno u otro sector (lucha de intereses). El Estado no es un elemento estático sino que puede transformarse o mantenerse de acuerdo a la resolución de dichos conflictos, plasmándose así un determinado proyecto de sociedad.
Como se dijo anteriormente, la sociedad civil es portadora de intereses, expresados en sus organizaciones, los cuales el Estado no puede ignorar. Es por eso que para que los intereses de la sociedad civil se vean contemplados en las acciones estatales (políticas públicas), es necesaria su articulación por medio de la participación activa de los sujetos en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las mismas.
Son los integrantes de las cooperativas los que deberán ir "tomando el sartén por el mango" y responsabilizarse de su propio destino, del desarrollo de su situación, a la par de un Estado que se responsabilice de su papel de garante del cumplimiento de los derechos ciudadanos.

El proyecto de conformación de las cooperativas relaciona "desarrollo local - economía - sociedad civil" en contraposición a la relación "mercado - sociedad civil". La diferencia entre una y otra relación es el sustrato ideológico. "Mercado - sociedad civil" prioriza el beneficio individual, la acumulación de capital y las relaciones mercantiles entre sujetos por sobre cualquier otro tipo de relaciones; el otro relacionamiento plantea mecanismos de inclusión social y redistribución de la riqueza desde las potencialidades territoriales sumando los diversos modos de relacionamiento social.
Las políticas sociales reflejan el modelo de sociedad que se pretende construir. Para que una sociedad tenga espacio para todas y cada una de las personas, exige intervenciones que impacten en el conjunto de sus comunidades, que favorezca un desarrollo amplio donde todos puedan incluirse de alguna manera (políticas sociales masivas). "Esto significa que la  política social debe articular proyectos, ideas y programas con el sistema productivo, en el marco de un modelo que priorice la inversión productiva, la obra pública, el empleo, un impacto territorial y una distribución más equitativa de los ingresos." (Documento institucional, Lineamientos de PP.SS., pág. 12).
El proyecto de cooperativas, se ha llevado adelante en San Antonio de los Cobres, sin la participación del grupo (perteneciente a los sectores populares) en sus diferentes etapas (salvo el trabajo de sus asociados en el período de ejecución). Esto tiene que ver con la falta de equipos técnicos que faciliten la implementación de estos proyectos y que viabilicen en los territorios los lineamientos de las PP.SS., y con cuestiones de índole económica de la región que no son tema de este trabajo pero que tienen que ser tenidos en cuenta al momento de planificar políticas sociales que más que escindidas de lo económico son funcionales al modelo hegemónico. Mínimamente es necesario empezar a incluirlos en la evaluación que se haga del camino recorrido hasta este momento, en la definición de objetivos, en la planificación de acciones del camino a seguir y la incorporación de recursos humanos indispensables; no se trata solamente de una mala o buena implementación de un brillante diseño de PP.SS, sino de decisiones políticas que impliquen cambios estructurales de la sociedad si se quiere empezar a hablar de lograr la reconstrucción de un país inclusivo para todos y todas.

Conclusión

Desde distintos modeles de Políticas sociales se acude al concepto de participación como eje central de las mismas, apelando a la importancia de que la comunidad sea capaz de organizarse y protagonizar sus propios procesos de cambio. Para poder comprender qué es lo que se pretende a partir de la instalación de estos discursos hay que buscar en los contenidos ideológicos que sustentan a dichos conceptos. La comunidad como eje de intervención aparece en América Latina en la década del ’50 con el modelo desarrollista. El desarrollo de la comunidad fue una estrategia vinculada al poder hegemónico de EE.UU ante el auge de los procesos revolucionarios en la región. Presupone la participación de la comunidad para que abandone sus componentes tradicionales (considerados como obstáculos al desarrollo) como condición necesaria para su promoción económica y social dentro del sistema capitalista. Más tarde, con el advenimiento del modelo neoliberal, encontramos en sus documentos de políticas sociales, la utilización del concepto de participación para justificar el corrimiento del Estado como garante de los derechos sociales y responsabbilizar individualmente a los sujetos de sus dificultades en la satisfacción de sus necesidades, otra vez legitimando la reproducción del sistema capitalista. Como continuidades se encuentran el potencial de la comunidad para el desarrollo a través del incremento de su capital social y/o empoderamiento y los planteos de articulación Estado – Comunidad; en el desarrollismo el Estado aportaba los recursos financieros y la Comunidad los recursos humanos y en el neoliberalismo se plantea un modelo asociado de gestión entre Estado – ONGs – Comunidad, vía la participación en la ejecución de programas y proyectos. Como rupturas puede señalarse el contexto socio – histórico, en las décadas ‘50/60 el ideal de proyecto nacional a alcanzar era la industrialización y los sectores populares habían alcanzado un alto nivel de organización que los posicionaba favorablemente para la negociación de sus intereses; en cambio en los ’90 se destruye el ideal de un proyecto nacional independiente y en los sectores populares se provocan procesos de fragmentación social e individualización que socavan sus capacidades de negociación. En la actualidad, los discursos de legitimación del sistema plantean una suerte de redescubrimiento del Estado en su papel de garante de los derechos sociales, como necesario corrector de las “fallas” del mercado y como motor de un desarrollo con “integración social”, siempre dentro del sistema capitalista. Como contexto social se encuentran establecidas barreras de contención a los “excluidos” en el marco de la consolidación de un modelo asistencial masivo y la naturalización del precariado laboral que mantiene la poca capacidad de negociación del sector trabajador. Estos nuevos discursos, que versan alrededor de conceptos tales como justicia social, equidad o “fracaso” del neoliberalismo son parte de las estrategias de los sectores dominantes para la reproducción de las relaciones sociales. De todas formas, no puede dejar de reconocerse que ante las extremas condiciones de existencia y reproducción de la vida cotidiana de la amplia mayoría de los sectores populares, “cualquier cambio en las políticas puede tener resultados visibles en lo inmediato” (Stolowicz B.) cuando se trata de la vida de las personas, pero el problema de fondo deja de ser una adecuada o inadecuada implementación de políticas sociales si estas “no forman parte de un proceso de modificación de las relaciones de poder entre dominantes y dominados en que se sustenta el orden social y económico actual” (Stolowicz B.).


Bibliografía:
¨      Álvarez S. Políticas de desarrollo socail, transformaciones y paradojas. (2000) Eudeba. Bs. As.
¨      Andrrenacci L. Miserias de la política social argentina. (2001) Bs. As.
¨      Borón A. Estado, Capitalismo y democracia en América Latina. (1997) UBA Bs. As.
¨      Castel R. La metamorfosis de la cuestión social. (1997) Paidos. Bs. As.
¨      Coraggio J. Articulación entre Política económica y Política social. (2002) 1º congreso de políticas sociales.
¨      Documentos institucionales del MDS de la Nación (2006) Bs. As.
¨      Stolowicz B. América Latina: estrategias dominantes ante la crisis. Sin datos.



“Desafíos y Limitaciones de la Práctica Profesional en el Contexto de las Políticas Sociales Actuales”


Encuentro Trinacional de Trabajo Social
 La Cuestión Social en la Contribución de la identidad profesional en Trabajo Social y los desafíos para el Siglo XXI.
 Lic. María Gabriela Mohammad
Lic. Graciela Magdalena Yacuzzi

“Desafíos y Limitaciones de la Práctica Profesional en el Contexto de las Políticas Sociales Actuales”
 Eje 1
Intervención profesional en las necesidades y demandas sociales
 Instituto de Investigaciones en Familia y Trabajo Social- Facultad de Filosofía y Letras- Universidad Nacional de Tucumán.
 San Miguel de Tucumán - Argentina

“Desafíos y Limitaciones de la Práctica Profesional en el Contexto de las Políticas Sociales Actuales”


Introducción.

El proceso de transformación de la relación entre Sociedad y Estado en Argentina, iniciado en la década del 90 con la implementación del modelo neoliberal, caracterizado por la aplicación de estrategias tales como la privatización, desregulación y flexibilización laboral,  se aceleró en los últimos años, originándose a raíz de ello un nuevo conjunto de demandas sociales.

Estas transformaciones que nos colocan ante la llamada “nueva cuestión social” (Castel, R.1997), signada fundamentalmente por dos factores:
- Las alteraciones del mundo laboral (precarización, cuentapropismo, desempleo, etc.), que han generado “una conmoción que ha afectado a la condición salarial”; con lo cual, el trabajo, pierde su condición como factor de construcción de la cotidianidad o de integración social.
- Y la aparición de nuevas fragmentaciones, expresión de una sociedad cada vez más heterogénea, cuyo efecto es la pérdida y crisis de sentido de los espacios de socialización. (Coraggio, J. 1999)

Los procedimientos neoliberales eliminaron definitivamente la faceta redistributiva del estado y crearon severos procesos de ajustes con múltiples consecuencias:
- En lo económico, un aumento de la producción y la productividad, una mayor estabilidad de precios e ingresos de capitales y una importante disminución de la inflación, efectos que contrastan con el empobrecimiento generalizado producto de la profundización de los problemas de empleo, la caída salarial, la inequitativa distribución del ingreso y la exclusión de algunos sectores de los beneficios del gasto social (Isuani, A, 2000).
- En el terreno de los actores sociales y de la política; los sectores sindicalistas, reactivos en otras épocas, asistieron sin resistencia a la privatización de las empresas del estado, con la consecuente reducción de la generación de puestos de trabajo en el sector público.
- Los cambios en las principales políticas sociales, lejos de brindar seguridad a la gente, fomentaron la desintegración social, generando conflictos generacionales y disminuyendo las oportunidades de vida de la población. Ante los embates sufridos por las políticas de provisión directa o subsidio a la oferta características del Estado de Bienestar, la respuesta neoliberal fue el subsidio focalizado a la demanda (Lovuolo, R. 2000).

El achicamiento de las políticas públicas, que pone de manifiesto la total retracción del Estado, en su función de garante de los derechos sociales, en su afán por corregir los desequilibrios económicos mediante políticas de ajuste dejó totalmente de lado las políticas destinadas a atender aspectos sociales. Lo que no hace otra cosa que perfilar un modelo de desarrollo desarticulado social y sectorialmente.

Desde esta perspectiva, podríamos decir que nos encontramos ante una crisis de gobernabilidad del sistema, resultante de las relaciones entre el poder político y el económico, de allí la necesidad de nuevas políticas sociales que garanticen eficiencia en la asignación de fondos públicos en cuestiones sociales.

Es, precisamente en nombre de la eficiencia que los organismos internacionales plantearon el tema de la descentralización, pero en Argentina, esta, se llevó a cabo con objetivos fiscalistas y políticos, que provocó un proceso de ida y vuelta entre descentralización y concentración, consistiendo en una mera distribución de funciones y generando un círculo vicioso de clientelismo.

En síntesis estamos ante una despolitización de las problemáticas sociales. O sea que se continúa priorizando en la agenda pública el problema de la crisis económica, dejando en un segundo plano a la cuestión social.

En los últimos tiempos, si bien asistimos a un proceso de recuperación económica y redefinición del rol del Estado en la atención de las mismas, fenómenos tales como la pobreza, la marginalidad y el desempleo se agudizaron afectando a sectores importantes de la población.

Bustelo y Minujin (1998), plantean que “se ha formado una zona de vulnerabilidad social y económica, creciente en términos absolutos y relativos, que incluye a pobres estructurales, a nuevos pobres y a amplios sectores medios”. Y concluyen, “el grupo vulnerable está lejos de irse incorporando al de incluidos”.

Considerando que la desigualdad social, la creciente vulnerabilidad y la exclusión, son los tres problemas económicos y sociales centrales en América Latina, estos autores, expresan “son los derechos sociales la puerta de  entrada para construir la ciudadanía”.

Por su parte, Alfredo Carballeda (2002), toma las nociones de “exclusión” y “ciudadanía” como centrales en los debates en el ámbito de las políticas sociales y el Estado. Su planteo gira en torno a la idea de que la sociedad está signada por cierta tendencia a la “naturalización” de la exclusión, lo que provoca diversas formas de “estigmatización y construcción de etiquetas sociales” a grupos y comunidades, que los lleva a la “elaboración de códigos y formas de identidad fuertemente volátiles, con una marcada pérdida de espacios de sociabilización. De esta forma la idea de ciudadanía se presenta quebrada y hasta sin sentido.”

En otras palabras, la noción de ciudadanía vinculada a la adquisición de derechos; que va desde los civiles a los políticos y luego a los sociales, ampliándose en la actualidad a los llamados de cuarta generación o difusos (de género, medio ambiente, del consumidor); se ve socavada por la pérdida de los derechos sociales.

Tomando las palabras de José Luis Coraggio (1999), a partir de “la filosofía inhumana del neoliberalismo”, “se generaron y se siguen generando más y mayores espacios de exclusión social”. Lo que “no impacta solamente en los denominados excluidos sino también en el resto de la sociedad, ya que quienes se encuentran en el lugar de la inclusión no pueden estar seguros de mantenerse allí. Esta tensión entre inclusión y exclusión se manifiesta en el mundo del trabajo y en la vida cotidiana, expresándose en forma de incertidumbre...” Y agrega el autor, “los así excluidos son arrojados a un mundo socialmente anómico de necesidad, precariedad y lucha por la supervivencia, ampliándose estadísticamente los comportamientos “antisociales”, vistos como fuente de peligros para la “sociedad” urbana”.

Si consideramos que la “exclusión social es la imposibilidad de poder participar en la sociedad y que lleva a la vivencia de privación, de rechazo, de abandono y de expulsión, inclusive con violencia, de una parcela significativa de la población, y que ella incluye pobreza, discriminación, subalternidad, inequidad, no accesibilidad, no representación pública; es un proceso múltiple que se explica por varias situaciones de privación de la autonomía, del desarrollo humano, de la calidad de vida, de la equidad y de la igualdad” (Malacalza,S. 2000).

De allí que las posibilidades de inserción social de las personas y su ubicación en las diferentes zonas de cohesión social o en la zona de vulnerabilidad o exclusión dependa de cómo este organizada la relación entre empleo y las redes de protección social (Castel, R. 1997).

Desde esta perspectiva nuestro país vive hoy una encrucijada histórica. Por un lado, trata de profundizar su democracia, alcanzar el desarrollo, optimizar el uso de los recursos financieros y mejorar sus niveles de calidad de vida; y por otro, trata de hacerlo con un modo especial de ordenarse y decidir sobre sus asuntos públicos y privados.

Políticas Sociales actuales. Consideraciones generales.

Las políticas sociales, a partir de los años noventa se orientaron –casi exclusivamente- al desarrollo y promoción de la modalidad asistencial, a través de  "políticas de emergencia" que se convirtieron en una de las herramientas de las que el Estado se vale para contener las protestas, el conflicto social y la legitimidad del sistema.

Por otro lado este modelo de gestión, fundamentado en criterios de eficiencia y racionalización del gasto, estableció como criterios para la elaboración de políticas sociales, los siguientes aspectos:
-la gestión por proyectos: que implica un marco acotado de elementos tangibles y claramente identificables establecidos a partir de criterios técnicos.
-la focalización: a efectos de garantizar un paquete mínimo de beneficios a los más necesitados, excluidos del sistema de protección tradicional.
-la descentralización: tanto política como administrativa, basadas en la necesidad de ampliar el proceso de democratización a través de la participación en la toma de decisiones.
-las nuevas formas de financiamiento: mayor participación privada y de organismos internacionales.

En lo que respecta a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social no fueron suficientes estos mecanismos de focalización o descentralización de la acción pública, ni la inversión en capital humano o en infraestructura social, ni los procesos de reforma de los sistemas de seguridad social; sin duda el énfasis puesto en lo económico en la toma de decisiones lejos de acortar distancias sociales las ha profundizado.

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que una Política Social que no genera, acompaña, facilita propuestas de redistribución del ingreso restituyendo derechos sociales no puede ser entendida como Política Social, sino, simplemente como un mero paliativo (Carballeda, A. 2005); surge la necesidad de generar nuevas estrategias que:
- Atiendan la problemática social que afecta a la población en forma integral,
- Mantengan la cohesión social, mediante la instrumentación de políticas que contemplen aspectos educativos, sanitarios, de empleo, de vivienda y uso del tiempo libre.
- Procuren el fortalecimiento del capital social, en el sentido de favorecer tanto a la capacidad de los individuos para asociarse y emprender acciones para el logro de objetivos comunes; como a las redes de la sociedad civil, que facilitan las relaciones sociales, creando vínculos de solidaridad, reciprocidad, asociatividad, en pos de esfuerzos conducentes al desarrollo auto sostenido, participativo y equitativo como estrategia para superar la pobreza y exclusión. (Kliksberg, B.)

Así mismo estas estrategias deben considerar algunos aspectos que condicionan la definición, el diseño y la implementación de políticas sociales, entre los que se puede mencionar:
-          La preeminencia de criterios económicos, como eficacia y eficiencia sobre los programas sociales, como consecuencia del predominio de una visión económica, sobre la definición de los problemas sociales. Lo que se tradujo en nuevas metodologías de planificación y evaluación. (Krmpotic, C. 2003)
-          El sistema de políticas sociales poco puede hacer ante la creciente pobreza e indigencia, ya que históricamente se ha vinculado su expansión con el desarrollo del sector formal del empleo (Krmpotic, C. 2003), hoy socavado por el desempleo principal consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal.
-          Las instituciones desde donde se desarrollan las Políticas Sociales, se encuentran atravesadas por una serie de obstáculos, en tanto que las problemáticas que se les presentan superan las disposiciones fundacionales.
-          El gerenciamiento de los programas es inadecuado, ya que por lo general tienen al frente dirigentes políticos que tienden a actuar con criterios clientelísticos; y en otros casos técnicos especialistas en la problemática pero con insuficiente formación de gestión organizacional.
-          Los recursos de los programas son distribuidos en forma discrecional por quien los administra. La arbitrariedad en la selección de los beneficios deviene de una dificultad técnica, ya que los censos y las encuestas de hogares nos pueden decir cuánto son los pobres pero no quiénes son. (Isuani, A.)
Mr. Stiglitz enfatiza que la pobreza y la salud son indicadores, así como los problemas ambientales, que señalan un crecimiento no sostenible, que no beneficia a los países a medio ni a largo plazo. Enfatiza la importancia de la "sostenibilidad," la equidad y la democracia en el desarrollo, el que debería ser accesible a toda la sociedad.

Este autor hace referencia al importante rol que juegan el Estado (gobierno) y la sociedad en la búsqueda de un desarrollo económico sustentable, señalando algunas claves a tener en cuenta en este enfoque. Ellas son:
1) Leyes fuertes contra los monopolios.
2) Un Estado fuerte, con transparencia en los actos de gobierno y acceso a una justicia confiable.
3) La activa promoción de la idea de que las personas son la clave para el éxito del desarrollo económico, y asimismo el producto de ese éxito, a través de los siguientes factores: a) Fuerte protección de la Salud (algo semejante a los países nórdicos) como soporte de las individualidades, que permita el surgimiento de emprendedores capaces de asumir riesgos. b) Inversión en educación (primaria, secundaria y universitaria), en investigación y en desarrollo. c) Acceso al crédito en todos los niveles y sectores de la sociedad y la redistribución de los fondos de manera equitativa para combatir la desigualdad.
Se requieren políticas agresivas en lo social, con asignaciones adecuadas de recursos manejadas con una gerencia social de excelencia. Sin embargo, la posibilidad de instalarlas, tropieza con frecuentes razonamientos sobre la prioridad de otros gastos "más productivos", la posibilidad de postergar lo social para mejores tiempos, y su percepción como una especie de "necesidad secundaria". Superar esta visión estrecha es urgente. En las economías de nuestros días, lo social ha dejado de ser un gasto, es una inversión estratégica.

Según estudios recientes el capital humano (básicamente los niveles de nutrición, salud y educación de la población) y el capital social (valores compartidos, cultura, grado de asociacionismo, confianza entre sus actores) determinan dos terceras partes de la tasa de crecimiento económico. El capital social requiere a su vez, para ponerse en marcha, de asignaciones de recursos para promover la organización de la sociedad civil.
Los países más avanzados del mundo han tendido a realizar inversiones sostenidas en el mediano y largo plazo en estas formas de capital, y han cosechado resultados en términos de mejor equidad, estabilidad política y progreso macroeconómico sobre bases firmes. América Latina, con logros enormes en el campo de la democratización, es citada al mismo tiempo con frecuencia como un "antiejemplo" en lo social. Los niveles de pobreza son muy superiores a los que deberían ser, según su producto bruto global y per cápita; los déficits de educación y salud son muy marcados; un amplio porcentaje de la población carece de agua potable y de instalaciones sanitarias básicas. Según UNICEF el 60% de los niños son pobres; y más de un 30 % de los jóvenes están desocupados. Se habla de un profundo proceso de "descapitalización", en cuanto a capital humano, y de una marginación continua del capital social. Todo ello es influido por el hecho de ser la región del mundo con mayor inequidad, lo que, a su vez, la fortalece y multiplica.
Desconocer la legitimidad macroeconómica de la inversión social puede dañar severamente toda posibilidad de desarrollo sostenido. Por otra parte, significa incumplir la promesa de oportunidades de la democracia, y dejar de lado la exigencia ética de la solidaridad, con graves perjuicios para la calidad de la sociedad.

Tendencias actuales en Trabajo Social. Desafíos.

El Trabajo Social como profesión enfrenta múltiples desafíos dentro de un contexto en el cual abundan las preguntas y los cuestionamientos. Asistimos a un tiempo-contexto de quiebre de certezas y paradigmas.
En esta nueva relación entre Estado- Sociedad Civil, la práctica profesional exige encarar un proceso de construcción y resignificación del campo profesional, cuestionando y problematizando marcos teóricos, estrategias y metodologías de intervención.
Al reflexionar sobre las tendencias actuales en Trabajo Social, es pertinente considerar:
1. En primer lugar que, la especificidad profesional es “una construcción histórico- social”, y en este sentido está constituida por los sujetos sociales, el objeto de intervención y el marco de referencia. (García Salord, S.1998)
2. En segundo lugar, considerar el contexto, signado hoy por la creciente complejidad de nuestras sociedades que, “refuerza la necesidad de reconfigurar la profesión sobre la base de controversias y replanteamientos analíticos. Resignificar el papel de la teoría en la comprensión compleja de lo social (teniendo en cuenta la articulación orgánica que ella establece con la metodología, como depositaria de concepciones y visiones desde las cuales se perfilan procedimientos, lógicas y caminos) implica trascender la concepción instrumental y operativa que algunas veces se tiene sobre lo metodológico. Asumir una vigilancia epistemológica y una actitud crítica que permitan analizar las implicaciones prácticas que determinadas nociones, concepciones y rutinas le imponen al accionar profesional” (Vélez Restrepo, O. 2003).
En este sentido, “hay que potenciar interpretaciones complejas desde una función mediadora, que involucra no un procedimiento de bisagras, sino la posibilidad de nombrar un escenario posible de reconstrucciones. No es hablar de otros sino mostrar contradicciones de los discursos. Debe contener la posibilidad de recuperar la unidad de lo razonable, dejando escuchar sus múltiples voces. (Matus Sepúlveda, T. 1999)
En otras palabras la primera tarea para lograr un cambio es que el Trabajo Social se asuma como una forma de trabajo Reflexiva y Crítica.
3. Por ello, en tercer lugar hay que tener en cuenta que, el Trabajo Social es “la disciplina de la interacción social consciente, en el sentido de que en forma constante y progresiva  coactúa con el hombre, su estructura y coyuntura histórico político, material, social y cultural, planeando y generando intervenciones organizadas de reflexión, cognición y transformación conjuntas en el universo de las relaciones, con el objetivo de lograr mejores y armónicas condiciones de existencia personal, grupal y colectiva”. (Max Agüero, E. 2002)
Asistimos cotidianamente a una realidad en la cual los trabajadores sociales contemplamos como situaciones coyunturales y estructurales atraviesan transversalmente e interrelacionadamente aspectos de las esferas de lo cultural, lo económico, lo socio-político, etc.
Esta realidad social que nos interpela genera una fuerza  que por lo general va en contra del  libre ejercicio de una Ciudadanía Social Plena. Esta característica de nuestro tiempo puede ser caracterizada como un acontecimiento que algunos autores llaman proceso de desciudadanización.
Desde el neoliberalismo y el conservadurismo se viene construyendo la idea de una neofilantropía que a la luz del más elemental de los análisis, desde nuestra profesión, nos retrotrae a la prehistoria de la ciudadanía. El desafío consiste en entender que, el trabajador social a través de su praxis profesional, en los distintos ámbitos: estatales, públicos y aún privados, puede gestar, conjuntamente con los diversos actores sociales, una contracorriente que posea como eje articulador la clara conciencia del derecho y el deber a  ejercer una ciudadanía plena. Todos lo ámbitos en los que intervenimos pueden transformarse en usinas de ciudadanía o de desciudadanización.
Construir ciudadanía para nosotros, los trabajadores sociales, lleva implícito el desafío de poder crear, recrear y desarrollar situaciones de conciencia ciudadana en su doble acepción de derechos y obligaciones. Esto debe constituir una actividad de construcción que lleve implícito un pleno reconocimiento de la indivisibilidad entre la calidad y la extensión universal de la ciudadanía.
Nuestra mirada profesional debe afincarse en aquellas características o componentes que al pobre lo constituyen como persona-sujeto-ciudadano para resignificar de que manera cada necesidad, cada demanda; cada situación problema constituye una posibilidad, una potencia movilizadora, que debe ser co-construida a través de un proceso conciente de reflexión, cognición y transformación. Esta propuesta posee componentes ético- axiomáticos para nuestra profesión.
Otro de los desafíos que nos imponen los nuevos tiempos sociales, en los cuales nos encontramos insertos, es responder a la creciente necesidad de proponer y realizar rupturas con respecto a aquellas veladas sugerencias de índole teórico, metodológico que nos priven de la libertad para repensar y problematizar la cuestión social y todo aquello que neutralice, paralice y torne rutinaria nuestra acción profesional.
Asistimos a una falacia descomunal, toda una estructura y andamiaje de cohesión social e integración está siendo minado, con el agravante que desde los espacios de poder del aparato estatal se instrumentan políticas sociales de carácter artificial, (con fines clientelistas) en donde las categorías- conceptos de trabajo y por ende desempleo carecen de un análisis serio y objetivo.
Este abismo que se ha acrecentado en este inicio de siglo constituye el núcleo de una crisis de la cual aún no sabemos a ciencia cierta cuales serán  sus verdaderas consecuencias.
En este sentido se debe plantear que la ética además de ser un permanente motor de indignación debe a su vez aproximarnos a ser coherentes con nuestras acciones. Ello a fin de poder incidir en la construcción de nuevas relaciones humanas y de repensar un proyecto donde el fin y la causa última de todo accionar sea el ser humano.
Los valores ético-profesionales deben estar acompañados de perspectivas teóricas cada vez más sólidas que nos ayuden a analizar y comprender la realidad social con sus múltiples entrecruzamientos.
Debemos recuperar para nosotros mismos como colectivo profesional la intencionalidad en las diversas intervenciones, en esa dirección aún nos quedan algunos dilemas sobre los cuales debemos trabajar:
·         Debemos esforzarnos permanentemente para adquirir una rutina de recapacitación permanente, que nos permita alcanzar una formación teórica práctica cada vez más rigurosa, que nos hará más competentes a la hora de realizar un análisis y una relectura argumentada de los problemas sociales.
·         Este primer desafío a su vez nos capacitará para que en cada intervención co-construyamos una comunidad de argumentos, dotemos de sentido y direccionalidad a nuestro accionar, buscando adecuar nuestra praxis en relación a los valores profesionales.
·         Además resulta indispensable dentro de este contexto histórico reanalizar el carácter y el sentido de nuestro accionar profesional, ya que la existencia e influencia de múltiples factores coyunturales muchas veces influyen deformando la intencionalidad de nuestras intervenciones vaciándolas del sentido originario, socavando su sentido político y emancipador.
·         Por último nuestra precaria situación laboral de asalariados (con todos los condicionamientos que esto lleva implícito) no nos debe llevar a claudicar en la tarea de realizar una interpretación lúcida de la cuestión social, una reafirmación de nuestro compromiso sociopolítico y a la lucha permanente por garantizar el libre ejercicio de los derechos y obligaciones, de los cosujetos con los que interactuamos, en nuestras prácticas.

Finalmente nos parece oportuno señalar un auto cuestionamiento con respecto al colectivo profesional que gira en torno a la escasa capacidad para problematizar, repreguntarse y cuestionar (a través de pronunciamientos) la realidad social contemporánea, la construcción y consolidación de una comunidad de argumentos, la creación de nuevas categorías de análisis, que nos permitan desarrollar diagnósticos sociales cada vez más objetivos. Esto se relaciona directamente con la necesidad de establecer una re-sistematización constante y al hecho de incorporar una actitud investigativa como parte fundamental de todo proceso de intervención.

Por lo tanto debemos adquirir la saludable costumbre de auto-interrogarnos como colectivo profesional sobre nuestras intervenciones. Por supuesto que debemos tener en claro que hay cosas que no dependen de nosotros. Pero al mismo tiempo debemos tener clara conciencia que esta actitud, descomprime de alguna manera ese cerrojo de voluntarismo, pragmatismo y empirismo que aún empañan los horizontes de nuestra profesión.

Referencias Bibliográficas

Bustelo, Eduardo y Minujin, Alberto. “Todos Entran. Propuesta para Sociedades Incluyentes”. Ed. Santillana- UNICEF. Bogotá. 1998.

Carballeda, Alfredo J. “La Intervención en lo Social. Exclusión e Integración en los nuevos Escenarios Sociales”. Ed. Paidós. Buenos Aires. 2002.

Carballeda, Alfredo J. “Políticas de Reinserción y la integración de la sociedad. Una mirada desde las Políticas Sociales”. Margen Periodico de Trabajo Social y Ciencias Sociales. Ed. Digital. Buenos Aires. 2005

Castel, Robert. “Las Metamorfosis de la cuestión Social”. Ed. Paidós. 1997.

Coraggio, José Luis. “Política Social y Economía del Trabajo. Alternativas a la Política Neoliberal para la Ciudad”. Ed. Miño Dávila- UNGS. Buenos Aires. 1999.

García Salord, Susana. “Especificidad y Rol en Trabajo Social”. Ed. Lumen Humanitas. Buenos Aires. 1998.

Isuani, Aldo. “La Argentina que Viene”. Compiladores Isuani- Filmus. Buenos Aires. 2000

Kliksberg, Bernardo. “Capital Social. ¿Qué es y para que sirve?” Ponencia presentada en el Seminario Internacional. Capital Social en Acción.

Krmpotic, Claudia S. “Trayectoria familiar, ciclos políticos y bienestar”. Ed. Espacio. Buenos Aires. 2003

Lovuolo, Rubén y Barbeito, Alberto. “La Nueva Oscuridad en la Política Social”. Ed. Miño Dávila- CIEPP. Buenos Aires. 1998.

Lovuolo, Rubén y otros. “La Pobreza de la Política contra la Pobreza”. Ed. Miño Dávila- CIEPP. Buenos Aires. 1999.

Lovuolo, Rubén. Intervención del autor en: HINTZE, S. Comp. “Estado y Sociedad. Las políticas sociales en los umbrales del siglo XXI”. Ed. Miño Dávila. Buenos Aires. 2000.

Malacalza, Susana L. “La Autonomía del Sujeto”. Ed. Espacio. Buenos Aires. 2000.

Matus Sepúlveda, Teresa. “Propuestas contemporáneas en Trabajo Social: Hacia una intervención polifónica”. Editorial Espacio. Buenos Aires, Argentina. 1999.-

Max Aguero, Ernesto F. “Consideraciones Acerca del Objeto de Intervención del Trabajo Social”. Trabajo presentado en la Conferencia desarrollada en el Congreso Nacional de Centros de Trabajo Social. Mendoza. 2000. En: “Intervención Comunitaria: Apuntes para la Gestión de los Saberes Sociales”. Unidad de Investigación en Trabajo Social. FH y CS. Universidad Nac. de Jujuy. Asociación de Trabajadores Sociales de Tucumán. 2002.

Vélez Restrepo, Olga L. “Reconfigurando el trabajo social. Perspectivas y tendencias contemporáneas”. Editorial Espacio. Buenos Aires, Argentina. 2003.